La concejala de Educación ratificó que el documento fue alterado
05 feb 2013 . Actualizado a las 15:23 h.La jueza de Lugo que investiga la operación Pokémon, Pilar de Lara, ha actuado de oficio y ha decidido investigar la presunta falsificación de un informe con el que se pretendía implicar en la trama a la concejala de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez, imputada por falsedad documental en el caso. La edila había anunciado que si la magistrada no tomaba cartas en el asunto acudiría a la Fiscalía, pero no ha sido necesario.
Tras tener conocimiento de la existencia del informe presuntamente falsificado, De Lara volvió a llamar a declarar a la concejala compostelana, que ayer acudió a los juzgados de Lugo. Durante cincuenta minutos, la jueza le preguntó casi en exclusiva por este asunto y le fue entregada una copia del documento alterado. El original ya lo tenía, pues se lo hizo llegar Rebeca Domínguez la primera vez que compareció ante ella.
El informe en cuestión forma parte del expediente por el cual el Concello de Santiago pretendía reconocer una deuda de 537.590 euros con Sermasa, una de las empresas de Vendex, por los servicios de limpieza, conserjería y control de colegios y polideportivos en la ciudad. Este grupo es el centro del caso Pokémon, en el que se investiga el presunto pago de comisiones y la entrega de regalos a políticos gallegos a cambio de adjudicaciones.
El documento es el que defiende la legalidad de abonar ese dinero. El conflicto saltó cuando el alcalde de Santiago, Ángel Currás -imputado en el caso por tráfico de influencias-, presionó a la edila para que firmase el expediente con el que se daría validez al informe. Ella se negó y explicó en una reunión del grupo de gobierno que había dos informes distintos. Ambos tenían idéntica fecha, el 3 de diciembre del 2012, y autoría, el jefe del departamento de Educación, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, también imputado en la Pokémon. La diferencia estaba en una coletilla incorporada en la versión supuestamente falsificada y que responsabilizaba a la concejala de que el servicio se hubiese prestando durante seis meses pese a que el contrato ya había vencido. La apostilla dice: «O servizo seguiuse prestando de acordo coas instrucións recibidas pola concelleira de Educación».
Domínguez no firmó. El alcalde, por su parte, no solo no atendió a la denuncia de su concejala, sino que ni tan siquiera quiso ver las dos versiones de los informes que ella le mostraba. Las tiró a un lado diciendo: «Yo no quiero ver nada».
Más declaraciones
Tras la declaración de la concejala de Educación, es muy posible que la jueza que instruye la causa de la Pokémon también vuelva a llamar a declarar tanto al alcalde compostelano, Ángel Currás, como al funcionario que firma los dos informes, el original y el alterado, Xosé Manuel Rodríguez-Abella. La magistrada pretende esclarecer este extremo, que además de ser clave en la investigación ha abierto una fractura en el grupo de gobierno del PP de Santiago, en el que buena parte de los ediles creen que Currás tendió una «encerrona» a Domínguez para descargar sobre ella sus posibles responsabilidades.