: La oposición alerta de más contratos ilegales en la Diputación ourensana

Después de conocerse la sentencia que condena al organismo provincial por cesión ilegal de un trabajador al Concello de Xinzo

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Tras conocerse la sentencia que condena a la Diputación ourensana por cesión ilegal de un trabajador al Concello de Xinzo de Limia -el segundo fallo judicial de estas características-, la oposición ha reactivado sus denuncias por este tipo de prácticas. Los portavoces de PSOE y BNG en la institución provincial insistieron en que se trata de una estrategia habitual del baltarismo para ampliar su red clientelar y aseguran que en estos momentos hay más trabajadores en esa situación que podrían denunciar y obtener el mismo resultado que el demandante de Xinzo.

Por ese motivo, tanto socialistas como nacionalistas registraron ayer sendos escritos en los que formulan varias preguntas al gobierno provincial, especialmente con el objetivo de saber con exactitud cuántos son los trabajadores que la Diputación paga, pero que desarrollan sus tareas diarias en mancomunidades o ayuntamientos. «O único que temos claro é que todos son persoas vinculadas ao PP e que todos están en concellos ou outras entidades onde goberna o PP», explica Ignacio Gómez, portavoz del PSOE, que cree que ese era un modo con el que el baltarismo daba salida al personal contratado sin sobredimensionar aún más la plantilla que efectivamente trabajaba en la Diputación.

Leopoldo Rodríguez, portavoz del BNG, cree que la cesión ilegal de trabajadores se sigue produciendo. Tras obtener financiación de la Xunta, la Diputación ha contratado a 133 personas -con un proceso de selección viciado, dice la oposición- y al menos 36 de ellas están ya realizando sus funciones en concellos y mancomunidades. «Unha vez máis constátase a política caciquil en materia de persoal na Deputación», concluye Rodríguez.

Según diversas informaciones, la institución provincial podría estar pagando el sueldo de dos trabajadoras que en realidad desarrollan sus funciones en el Concello de Ourense. Además de la cesión ilegal, en este caso la Diputación estaría destinando recursos para un concello de más de 20.000 habitantes, donde no tiene competencias.

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