La pena máxima sería la suspensión temporal como parlamentarios
31 ene 2013 . Actualizado a las 10:23 h.La Policía Autonómica y los servicios jurídicos del Parlamento preparaban ayer sendos informes para la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, sobre los incidentes que tuvieron lugar durante la celebración del pleno del pasado martes, en el que se quebró la inviolabilidad parlamentaria por el acceso de varios manifestantes a la tribuna del hemiciclo, conducidos allí sin autorización por diputados de los grupos AGE y BNG. Será a la luz de estos informes cuando Rojo proponga las sanciones correspondientes contra el «grave atentado a una alta institución del Estado» que en su opinión se cometió, sanciones que pueden llegar a provocar la suspensión de la condición de diputado durante un plazo de tiempo determinado.
El Partido Popular le marcó ayer de alguna forma el rumbo a seguir a Pilar Rojo cuando su nueva portavoz, Paula Prado, mostró su confianza en que a los diputados del PSdeG, de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y del Bloque que el martes protagonizaron un plantón conjunto en el pleno «non se lles aboen a parte proporcional do salario correspondente», pues entiende que la labor de diputado se ejerce de otra manera muy diferente.
En todo caso, la presidencia no tiene potestad para sancionar con la suspensión de sueldo a diputados que se ausenten por una razón concreta de una sesión, de ahí que la propia Prado dejara en manos de Pilar Rojo cualquier posibilidad sobre las sanciones y matizara que su deseo pasaba por que los propios grupos de la oposición solicitaran motu proprio la renuncia al salario de ese día.
Rojo tiene previsto comparecer hoy públicamente para dar cuenta de los pasos que seguirán, aunque fuentes de la presidencia sostienen que se ratificará en su decisión de supervisar directamente la lista de ciudadanos invitados a la Cámara y de retirarles a los grupos políticos la capacidad que tenían de llevar a sus propios invitados.
En cuanto a las sanciones, los servicios jurídicos ya le expresaron a la presidenta que están recogidas en los artículos 103 y 108 del reglamento de la Cámara y que puede llegar a la suspensión de hasta un mes de la condición de diputado, si así lo decide la presidenta y lo ratifica la institución.