Sospecha que universitarios sin remunerar elaboraron los proyectos
15 feb 2013 . Actualizado a las 13:25 h.Poco a poco, la investigación de la Fiscalía de Pontevedra sobre un supuesto fraude en el cobro de subvenciones autonómicas de I+D+i va cobrando forma. Por lo de pronto, el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, le ha cedido el testigo de la instrucción de esta polémica causa al responsable del ministerio público especializado en delitos económicos, Augusto Santaló, el mismo que lleva, entre otras, la investigación de la Cámara de Comercio de Pontevedra.
Una de sus primeras decisiones ha sido requerir a la Xunta toda la documentación referida a los proyectos en los que la empresa pontevedresa hubiera recibido algún tipo de subvención. Los papeles a los que ha tenido acceso La Voz señalan que algunos de los departamentos en los que esta firma recabó este tipo de ayudas son las consellerías de Presidencia, a través de la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, y la de Economía e Industria, de la que depende la Dirección Xeral de I+D+i.
A este respecto, las fuentes consultadas precisaron que la Administración autonómica, al igual que ocurre con la Universidade de Vigo donde ejerce una de las personas investigadas, no estaría implicada en la supuesta trama. Así, precisaron que, al margen de la conducta que pudieran haber tenido determinados empleados públicos, todo parece apuntar a que se concedieron las subvenciones siguiendo los procedimientos administrativos preceptivos.
Esta circunstancia podría desembocar en que, si se demuestra la existencia de un fraude y este llega a juicio, tanto la Administración autonómica como la propia Universidad podrían personarse en la causa como damnificados.
El «modus operandi»
En cuanto a esta última institución con sede en Vigo, existe en el seno de la comunidad educativa la sospecha de que algunos estudiantes pudieran haber sido utilizados, sin ellos saberlo, para confeccionar alguno de los proyectos. Se trata, en todo caso, de una cuestión que a buen seguro tratará de dilucidar la Fiscalía de Pontevedra.
El objetivo es determinar si existió un fraude a la hora de captar subvenciones, algunas de ellas procedentes de fondos europeos. De este modo, la documentación que maneja el ministerio público apunta en la dirección de que un profesor de la Universidade de Vigo era la persona encargada de localizar las ayudas económicas que mejor encajaban en el perfil de la empresa pontevedresa.
El docente, presumiblemente, era quien supervisaba la documentación que por parte de la firma se remitía a la Xunta para obtener el subsidio. Aparentemente, este nunca cubría la totalidad del gasto, sino que se solicitaba un porcentaje del coste.
Está claro que, como contrapartida a la ayuda económica, la empresa tendría que remitir el proyecto correspondiente. El timo, de existir, se produciría en este punto.
Y es que a la hora de justificar algunos de los gastos, supuestamente, se hizo constar como investigadores o programadores a personal que no tendría la cualificación suficiente para desempeñar este rol y que pertenecería a la plantilla de la firma investigada. De hecho, en algunos de los escritos remitidos a la Fiscalía, se afirma que estas personas habrían aparecido en los programas sin tener conocimiento de tal circunstancia.
Las nóminas
Se añade, además, que no sería descartable que algunas nóminas de los presuntos investigadores hubiera sido manipulada, de tal modo que la firma del titular del contrato no se correspondería íntegramente con la que aparece en las nóminas.
¿Y los proyectos? Una hipótesis que cobra cada vez más fuerza es que estos habrían sido elaborados, merced al docente bajo sospecha, por universitarios que creían estar realizando algún tipo de trabajo vinculado a su formación. De este modo, desconocerían que realmente estaban trabajando para una empresa privada y, por tanto, no habrían sido remunerados.