Centra su labor en una empresa y en un profesor universitario
27 ene 2013 . Actualizado a las 14:54 h.El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, tiene abierta una investigación para esclarecer un supuesto fraude en la captación de subvenciones de I+D+i por parte de una empresa multisectorial ubicada en el municipio de Pontevedra, con delegaciones en distintos puntos del territorio nacional y que en el 2008 facturó 14,5 millones. Además de los responsables de esta firma, en el ojo del huracán se encuentra un profesor de la Universidade de Vigo.
Todo indica que las diligencias se iniciaron a raíz de que el ministerio público recibiese una abultada documentación que fue remitida de manera anónima a su sede de la ciudad del Lérez. Por el momento, el procedimiento iniciado aún no habría determinado ningún tipo de imputación, si bien las fuentes consultadas no descartan que en breve se dé el paso y se solicite la comparecencia de alguna de las personas identificadas en los documentos en poder del responsable de la Fiscalía.
En cuanto a la supuesta trama, las primeras impresiones apuntan a que estaría operando desde hace años captando ayudas económicas de estamentos de la Xunta. En este hipotético entramado, el docente universitario presumiblemente sería el encargado de localizar aquellos programas o iniciativas de ámbito autonómico que mejor se encuadrasen en los sectores en los que opera este grupo de empresas.
Acto seguido, personal de la firma pontevedresa, supervisado por el profesor, se ocuparía de preparar toda la documentación precisa para conseguir la concesión de la subvención. Se trata, según los escritos recabados por La Voz, de iniciativas vinculadas, entre otras áreas, con la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación, la teleasistencia o, incluso, la adaptación de avances tecnológicos al Camino de Santiago.
A este respecto, parece que a la hora de optar a una ayuda económica nunca se pidió la concesión del 100 % del montante del proyecto, sino que «se solicita un porcentaje del coste».
Hasta aquí, todo dentro de la normalidad. El problema surge cuando se adjudica el dinero y se tiene que justificar el trabajo de I+D+i a desarrollar.
En este punto, y según aparece reflejado en algunos documentos del fiscal jefe, el trabajo ha sido realizado por miembros de la plantilla de la empresa de Pontevedra sin aparente cualificación.
En este punto, un portavoz de esta institución dejó claro ayer que desconocía la investigación en curso. Con respecto a la Universidad, todas las fuentes consultadas remarcaron que, en principio, no existe ningún tipo de responsabilidad, ya que se estaría investigando la labor que supuestamente desarrolló el docente fuera de su ámbito profesional.
El máximo responsable del ministerio público pontevedrés trata de dilucidar, por un lado, si es cierto que en tales proyectos se hizo constar a personal de la compañía sin cualificación como investigadores. Algunas fuentes señalaron que, incluso, podría darse el caso de que algunas de estas personas ni siquiera fueron conscientes de que sus nombres aparecían en las memorias de tales programadas de investigación y desarrollo.
Una segunda vía que se está analizando es si existió algún tipo de falsedad documental. En este marco se quiere determinar que las firmas que se han remitido desde la empresa a la Xunta para justificar las nóminas de los presuntos investigadores se corresponden con la rúbrica de esas personas, de tal manera que no habrían sido falsificadas.
No se descarta que algunos empleados hubiesen sido despedidos cuando se percataron de lo que estaba ocurriendo y solicitaron explicaciones a los responsables.