: El Parlamento gallego restringe el acceso de público a los plenos

Pilar Rojo le retira a los grupos políticos la capacidad de llevar a invitados a las sesiones tras los incidentes protagonizados por afectados de las preferentes

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La desesperada protesta protagonizada por un grupo de afectados por las participaciones preferentes el pasado mes de diciembre en el interior del Parlamento gallego, provocando la suspensión de un pleno y amenazando con hacer correr la sangre, llevó a la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, y a tomar medidas para restringir el acceso del público a las sesiones.

La jefa del Legislativo mantuvo este mediodía una reunión con los portavoces de los diferentes grupos políticos, con la excepción del BNG, que no acudió, para anunciarle que en o sucesivo les retiraría el derecho que tuvieron siempre para invitar a un cupo de personas a la tribuna del público para seguir los debates en directo.

Con la agudeza de la crisis económica, lo cierto es que la tribuna de invitados empezó a ser frecuentada por colectivos en dificultades, afectados por recortes sociales o contrarios a las políticas promovidas por la Administración del PP. El punto álgido se produjo el pasado 19 de diciembre, cuando una decena de afectados por las preferentes estallaron en gritos e insultos contra el Gobierno de Feijoo, que decidió abandonar la sesión al igual que todos los diputados del PP provocando la suspensión temporal del pleno.

A partir de ahora, los grupos políticos que deseen llevar invitados al hemiciclo deberán suministrarle los nombres a la presidencia, que los cotejará con los servicios de seguridad antes de dar su autorización. Eso sí, durante el primer pleno, que tendrá lugar el próximo martes para tomar en consideración los Presupostos de la Xunta, el Parlament estará blindado y no se permitirá la entrada del público.

Rojo expresó en una nota de prensa su idea de que la Cámara «non debe ser un órgano pechado», pero considera necesaria esta restricción para evitar lo que ocurrió en otros parlamentos como la Asamblea de Madrid, que prohibió sin titubeos el acceso del público.

La decisión de la presidencia, respaldada por el grupo popular que sustenta al Gobierno, fue contestada con dureza por los representantes del PSdeG y de AGE que acudieron a la reunión con Pilar Rojo. El BNG, también en un comunicado, cree que la decisión de Rojo conculca «un dereito fundamental».

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