La jueza de la operación Pokémon prorroga el secreto un mes

lugo / la voz

LUGO CIUDAD

El caso todavía no está cerrado y hay citadas más personas a declarar en los próximos días

24 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Pilar de Lara Cifuentes, la instructora de la operación Pokémon, que investiga desde Lugo una trama para conseguir contratos y concesiones públicas en Galicia, a través de posibles sobornos, acordó prorrogar el secreto de sumario durante un mes más. La operación todavía no está cerrada y hay citadas más personas a declarar en los próximos días.

Desde finales de septiembre en que se inició la operación, la jueza ha imputado a una treintena de personas, entre políticos y empresarios. Entre ellos figuran el exconcejal y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, que quedó en libertad después de Reyes; el exalcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez; el alcalde de Santiago, el popular Ángel Currás; el de Lugo, José López Orozco (los dos quedaron en libertad sin medidas cautelares) y el expresidente de la corporación municipal de Boqueixón, Adolfo Gacio.

Segunda declaración

En la relación de imputados figura además la concejala de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez, del PP, que declaró el diciembre y volverá a comparecer ante Pilar de Lara el 4 de febrero.

La jueza también tomó declaración a varios funcionarios del Concello de Santiago.

La abogada de Francisco Fernández Liñares, María Luz Canal, en declaraciones a la agencia Efe, solicitó que se agilizara lo máximo posible la instrucción del caso, particularmente en aquellas diligencias «susceptibles de ser violentadas» al tener conocimiento las partes de ellas.

Luz Canal manifestó que, por el momento, no había podido contradecir ninguna prueba contra su defendido porque el conocimiento que tiene de las diligencias es de las que afectan directamente al exconcejal lucense.

Pena de banquillo

Canal apostó por una justicia rápida, ya que, según señaló, de lo contrario, los imputados en esta operación estarán sometidos a lo que la abogada denominó «pena de banquillo».