La psicosis se desata en Santiago

Xurxo Melchor
xurxo melchor SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Ángel Currás revisa su móvil en los juzgados de Lugo, a los que acudió a declarar esta semana en el marco de la operación Pokémon.
Ángel Currás revisa su móvil en los juzgados de Lugo, a los que acudió a declarar esta semana en el marco de la operación Pokémon. pradero< / span>

Concejales y funcionarios rehúyen firmar para no implicarse en la Pokémon, y los críticos con Currás se sienten espiados por el alcalde

19 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La psicosis, como la división interna, se ha instalado en el Concello de Santiago, que está agarrotado, casi paralizado, desde que el alcalde, Ángel Currás (PP), la concejala de Educación, Rebeca Domínguez, y dos funcionarios fueron imputados en la operación Pokémon. El campo estaba abonado, pues el gobierno local quedó muy tocado cuando Gerardo Conde Roa impuso a Alberto Núñez Feijoo que fuese Currás su sucesor en la alcaldía, pero ha sido este caso de presunta corrupción política el que ha terminado por fracturar al PP local.

Son pocos los papeles que se mueven en el Ayuntamiento. Funcionarios y concejales tienen miedo a firmar cualquier documento por si la rúbrica les implica acabar declarando ante la jueza de Lugo. El temor es máximo en las concejalías que gestionan servicios adjudicados al grupo Vendex, el eje de la investigación y al que se acusa de haber dado comisiones y regalos a políticos a cambio de que les adjudicasen servicios públicos.

El caso extremo es la concejalía de Educación. La jueza de la Pokémon ha puesto la lupa sobre la concesión a Sermasa, una empresa de Vendex, de una guardería y sobre la prestación del servicio de limpieza, control y conserjería en trece colegios y siete polideportivos que se siguió prestando pese a que el contrato había expirado.

El informe modificado

Ha sido precisamente ese contrato, el de los colegios, el que ha dado la puntilla al PP compostelano. Antes de saberse imputados, la concejalía de Educación inició el expediente para reconocer una deuda de 537.590 euros con Sermasa por los seis meses en los que prestó servicio en los centros sin tener un nuevo contrato. Nadie tenía dudas hasta que llegó la imputación. En ese momento, por precaución, la edila de Educación, Rebeca Domínguez, se negó a firmar el expediente. El técnico que hizo el informe, que también está imputado, admite que fue entonces cuando decidió incorporar una coletilla en el documento que no lo hiciese aparecer como único valedor de la legalidad del pago a Vendex. Una apostilla que decía que el servicio se siguió prestando «de acordo coas instrucións recibidas pola concelleira de Educación» y que en la práctica culpaba a Domínguez de toda la responsabilidad de este hecho.

La edila fue sometida entonces a una enorme presión en una reunión celebrada el lunes para que firmase el expediente en el que ya figuraba la nueva versión del informe, que la inculpaba. Ella se negó, y el alcalde la acusó de dejación de funciones, la amenazó con retirarle el sueldo y la responsabilizó de que empresa y trabajadores no cobrasen. Domínguez advirtió de que el informe había sido modificado y habló de una posible falsificación, pero Currás ni la escuchó y zanjó el tema con un «yo no quiero ver nada» al tiempo que apartaba los papeles, en los que se veían los dos informes diferentes.

El regidor o cualquier otro edil podrían firmar el expediente, pero nadie se atreve. La actitud del alcalde asombró a la gran mayoría de los concejales, que hablan de la reunión como una «encerrona» para hacer cargar a la concejala todas las posibles culpas del caso firmando un documento que Currás podría presentar ante la jueza para demostrar que con él no iba la cosa en lo relacionado con la Pokémon.

Tras no querer saber nada, el regidor ha ordenado ahora al secretario que investigue si hubo «alteración o falsificación» del famoso informe, como sostuvo en la reunión su concejala y a la que no dio crédito Currás.

La situación en el PP local es ahora crítica. Los concejales no se atreven a hablar por sus teléfonos particulares porque creen que están pinchados por la jueza. Prefieren los fijos públicos o a nombre de otras personas. Además, los críticos con Currás, que ya son ocho sobre un total de trece, miran mucho con quién hablan por sus móviles del Concello, porque aseguran que el alcalde ha pedido el listado de llamadas y de correos electrónicos para espiar sus movimientos.

Las precauciones semejan el guion de una película de espías en el caso de los ediles más enfrentados con Currás. Cuando celebran reuniones entre ellos se citan solo en lugares privados y llegan a quitar las baterías de sus teléfonos corporativos porque temen que desde el Ayuntamiento puedan localizar su posición por GPS y saber que están juntos.