Este tipo de casos pueden durar meses por la necesidad de tomar declaración a los involucradas y de solicitar a los operadores telefónicos que faciliten el rastreo de las imágenes
18 ene 2013 . Actualizado a las 11:20 h.La difusión de fotografías íntimas de jóvenes coruñesas a través del móvil ha vuelto a reabrir el debate sobre las deficiencias de seguridad en el blindaje de ciertas conversaciones y sobre los riesgos jurídicos aparejados que conlleva la distribución de algunos contenidos. Además de ello, también ha vuelto a ponerse en tela de juicio el sistema de mensajería Whatsapp, una herramienta que, a pesar de que lo que muchos creen, no se ha convertido en un reto para las fuerzas de seguridad ni tampoco en una vía de acceso libre para que los especialistas puedan acceder a los mensajes privados. «Hay mucha leyenda urbana sobre este servicio y sobre lo que pueden llegar a hacer los agentes», destaca Gonzalo Sotelo, responsable del Equipo de Delincuencia Tecnológica de la Guardia Civil de Pontevedra. «Pero, con Whatsapp, al igual que con el resto, tan solo se puede iniciar un procedimiento y, pedir a los operadores los datos de ciertas conversaciones, a partir de una autorización judicial. Sin control judicial en España no se puede hacer nada», remarca.
Ante la pregunta de si es más complicado acceder a ciertas conversaciones mantenidas en este servicio que a otras divulgadas en redes sociales con menos controles de acceso, Gonzalo también niega ese hándicap. «A día de hoy, para los agentes, y con una orden judicial, no es complejo llegar a los mensajes intercambiados en Whatsapp. Sería lo mismo que acceder a un correo electrónico». Eso sí, no niega que es más sencillo consultar mensajes publicados en sitios como Twitter, en donde solo se necesita hacerse «seguidor» del emisor para leer lo que escribió. «Llegar a esa información no es difícil, incluso, a nivel de usuario, pero en una investigación tan solo se pueden utilizar los datos obtenidos de forma legal y ajustada a la ley. En caso contrario, se podría llegar a desbaratar el procedimiento».
«No hay nada seguro»
En el caso de las chicas de A Coruña, algo que ha levantado cierto revuelo es el hecho de que la investigación se pueda demorar varios meses ante la necesidad de tomar declaración, primero, a todas las personas involucradas y, solicitar, posteriormente, a los operadores telefónicos que faciliten los mecanismos necesarios para seguir el rastro de las imágenes. Sotelo cree, sin embargo, que esa dilación es pareja a la de todos los procesos relacionados con delitos tecnológicos debido al elevado número de agentes implicados en el sumario, como operadores o proveedores de servicios, que, en muchos casos, tienen la sede en otros países. ¿Y de qué teléfonos implicados en el caso se pueden llegar a pedir datos a los operadores? «De todos los que el juez considere convenientes, tanto de aquellos desde donde se hayan difundido las imágenes como de esos otros que tan solo las hayan recibido. En este caso, sus dueños no habrían incurrido en ningún delito, pero sí pueden ser testigos importantes para la investigación», aclara.
Whatsapp nació con agujeros de seguridad, una fragilidad que selló o por lo menos mitigó en sucesivas actualizaciones. Pero los agentes insisten en la necesidad de mantener la privacidad: «No hay nada seguro, sobre todo si nos comunicamos en entornos menos protegidos, como redes wifi. Solo sería segura la Blackberry de Obama. A medida que nuestra vida se tecnifica la gente aporta cada vez más datos sobre sí misma sin mucho pudor. Lo preocupante no es que las fuerzas de seguridad puedan acceder a esa información sino saber que a este contenido también tiene acceso cualquier persona. Por ejemplo, con Whatsapp se puede saber todo el historial de una conversación».