Justificó, por ejemplo, la incorporación de un peón agrícola en el «aumento de peticiones de conejos por parte de los cotos». El expresidente de la Diputación ourensana tendrá que declarar ante el juez por contratar a 104 personas a dedo
08 ene 2013 . Actualizado a las 11:12 h.Más allá de la identidad de los contratados y de sus vinculaciones con el PP, uno de los aspectos que debe aclarar el proceso judicial contra José Luis Baltar es si esas contrataciones bajo sospecha estaban justificadas o no. Francisco Cacharro Gosende -secretario provincial e hijo del expresidente de la Diputación de Lugo Francisco Cacharro Pardo- las avaló todas en un informe elaborado a petición del PSOE en mayo del 2010.
Ese documento aborda las incorporaciones por la vía de urgencia realizadas en el primer trimestre de ese año, porque argumenta que con las anteriores no había aún entrado en vigor la normativa que impedía a las Administraciones públicas incorporar nuevo personal salvo en condiciones muy específicas. El informe concluye que todas ellas «se ajustaron a la exigencia de responder a la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables», algo ahora cuestionado. Cacharro entiende que la decisión política del gobierno provincial justifica, por sí misma, algunas de esas contrataciones porque «la determinación de dicha urgencia -por muy objetivamente que se considere- debe realizarse en el contexto de una acción administrativa cuyas prioridades corresponde fijarlas a los órganos de dirección política».
En cualquier caso, el informe aborda una por una las contrataciones realizadas en ese período y ofrece argumentos para avalar todas ellas. Para justificar la incorporación de un peón agrícola en la granja que la Diputación tiene en O Reino, dice que ese profesional era necesario «debido al aumento de las peticiones de conejos por parte de los cotos de caza de la provincia al término de la temporada, lo que exige aumentar el ritmo de las cubriciones y controles de gestación». Otro ejemplo es la incorporación de una maestra para un «taller de tejido en telares de urdimbre horizontal». En ese caso, «si se considera urgente su realización [...] resulta obvio que la contratación tiene una justificación por razones de urgencia, puesto que sin la contratación de ese personal no sería posible llevar a cabo la actividad formativa».
Además de la necesidad o no de realizar esas incorporaciones, el proceso judicial debería poder aclarar cuál fue el sistema seguido para seleccionar a los beneficiados. En medios jurídicos llama la atención, por ejemplo, que algunos de ellos encadenasen varios contratos para muy diferentes tareas en diversos servicios de la institución.
Paralelamente a la vía judicial abierta con la admisión a trámite de la querella contra Baltar, el asunto tendrá recorrido político. El PSOE registró ayer la solicitud de un pleno extraordinario que el gobierno está obligado a convocar en un plazo de quince días. Los socialistas tienen la intención de pedir la creación de una comisión de investigación que aclare las responsabilidades políticas, pero también las técnicas, en las contrataciones puestas bajo sospecha. El portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, insistía ayer en que las posibles irregularidades cometidas han sido sustentadas por determinados funcionarios. El BNG, por su parte, registró ayer la moción que solicita el cese de todos los diputados del PP que ya lo eran en el momento de los hechos.