Desde sus días de directora provincial del Sergas en Pontevedra, a Ana Pastor se le quedó clavado el coste del peaje que cada día afrontaba para desplazarse desde su residencia de Pontevedra hasta su Vigo de destino laboral. Ese recuerdo la ha llevado a anunciar varias veces desde que dirige Fomento la inminente aplicación de una rebaja en dicho tramo -uno de los más caros de España-, pero que según apunta su propio equipo no se hará efectiva todavía este año. Eso no impide que la ministra escenificase ayer con una foto el anuncio del descuento, pero sin prensa ante la que explicar que tanto la bajada parcial de la tarifa como las nuevas obras se harán con cargo al bolsillo de todos los usuarios de la AP-9.
Ella misma había deslegitimado esa opción cuando el PSOE la adoptó en los minutos de descuento de su último Gobierno para llevar a cabo la ampliación de Rande y la autopista a su paso por Santiago. Según sus propias palabras, repartir una obligación de la concesionaria entre los usuarios resultaba injusto.
Subidas encadenadas
Ahora, un acuerdo con Audasa similar al de su antecesor en el cargo se anuncia antes incluso de que ministerio y empresa lo cierren con un convenio formal, o se defina la fecha de su entrada en vigor. Pero el protocolo suscrito ayer está pensado para mitigar el efecto que en la opinión pública va a generar la que dentro de cinco días se convertirá en la cuarta subida que experimentan los peajes de la autopista gallega en tan solo doce meses, los que Ana Pastor lleva en el cargo de ministra de Fomento. El primero, de 3,29 %, llegó en enero pasado por la actualización de las tarifas en función del IPC. El segundo, lo acordó la propia Pastor el 29 de julio al decidir dejar de abonar el 7,5 % que Fomento asumió desde el año 2000 para mitigar un cambio de IVA ordenado por la UE. En septiembre se encareció tres puntos más con el subida del IVA, y el día 1 de enero crecerán otro 2,4 % más.
El anuncio ha encendido además el sentimiento de agravio en zonas como Ferrol, exigiendo también descuentos que mitiguen la situación económica de los usuarios de la zona.