El Gobierno gallego fusiona sus cuatro empresas de suelo industrial con el objetivo de ahorrar 2,5 millones cada año
21 dic 2012 . Actualizado a las 11:06 h.El portavoz del Partido Popular de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda (A Bola, 1967), dejará ese cargo durante el congreso que la organización política celebrará el 19 y 20 de enero en Lugo, con el ánimo de centrarse en el puesto institucional del que tomará posesión el próximo miércoles: la Secretaría Xeral de Emigración, que llevaba vacante desde el 15 de noviembre, cuando Santiago Camba la había abandonado para coger las riendas de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Buenos Aires (Argentina). El nombramiento del aún número tres de los conservadores en la comunidad fue aprobado ayer, a propuesta del propio Alberto Núñez Feijoo, en un Consello de la Xunta que dio luz verde a otro par de designaciones para cubrir sendos huecos en el organigrama del Ejecutivo.
En el Gobierno 2012-2016, Susana López Abella (Chantada, 1967) repetirá como secretaria xeral de Igualdade, funciones que había desempeñado entre octubre del 2011 y septiembre del 2012, momento en el que, con motivo de las últimas elecciones autonómicas, hubo de cesar en San Caetano para incorporarse, en puestos de salida, a las listas del PPdeG por Lugo. Además, en virtud de otra decisión adoptada ayer, Margarita Prado Vaamonde (Santiago, 1968) gestionará en adelante la Dirección de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), de la cual había salido Esperanza Fernández Lago hace 15 días a petición propia.
Tanto la entrada de Rodríguez Miranda como la de López Abella en el Gabinete de Feijoo dejarán libres dos escaños en el Parlamento, que corresponderán, respectivamente, a María Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, en representación de la provincia de Ourense, y a Ángel Camino Copa, en la de la lucense. Estos podrían no ser los últimos bailes de sillas en el hemiciclo, dado que el presidente de la Xunta aún no ha resuelto si sus conselleiros con plaza en la Cámara (seis de ocho) deberán renunciar a ella. Además, posibles relevos al margen, tiene pendiente de tapar dos agujeros en el escalafón gubernamental, la Secretaría Xeral de Turismo y la Dirección Xeral de Comercio, para cuya cobertura sopesa echar mano también de diputados.
Amén de a nombramientos, el Consello otorgó su plácet a la supresión, en principio a mediados del 2013, de las cuatro empresas públicas provinciales que gestionan suelo industrial en la actualidad, al objeto de ahorrar en torno a 210.000 euros cada mes. Las firmas, que arrastran una deuda de 180 millones, serán absorbidas por una de futura constitución, Xestur Galicia, que nacerá con un capital social de 51.109.908 euros y participada por el IGVS (71,29 %), la Consellería de Facenda (19,97) y las diputaciones de A Coruña (4,66), Lugo (2,63), Ourense (1,12) y Pontevedra (0,33).
Asimismo, el Gobierno autorizó el borrador de Lei de Estradas, que obliga a someter a información pública todos los proyectos viarios, no solo los de construcción carreteras. Además, exime a los afectados por expropiaciones forzosas de tener que adelantar pagos para reponer bienes dañados por obras