Su defensa cree que la Fiscalía retrasa el cierre del caso en el Supremo
21 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El abogado del exministro de Fomento José Blanco considera que la causa abierta en el Tribunal Supremo a raíz de las acusaciones del imputado Jorge Dorribo debe finalizar cuando antes con el archivo de las actuaciones y el sobreseimiento de su defendido. Pero, además, denuncia que la policía ha emprendido una investigación «paralela y secreta» contra el diputado gallego al margen de la instrucción judicial estricta, practicando actuaciones por su cuenta, sin notificarlas a las partes y sin que hubiesen sido ordenadas.
En un escrito de alegaciones remitido al juez instructor, José Ramón Soriano, la defensa de Blanco considera que desde enero hasta julio se han practicado numerosas diligencias que acreditaron «la completa inocencia de mi mandante» y la «falsedad» de las acusaciones de Dorribo. Sin embargo, asumen que la Fiscalía fue entrando en una «dinámica dilatoria», reclamando solicitudes reiterativas «no solo inútiles», sino que suponían «una peligrosa deriva de causa general contra mi mandante».
El letrado Gonzalo Martínez- Fresneda pone como ejemplo la petición del fiscal de aportar la copia de los ocho discos duros de los ordenadores incautados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo. El juez denegó esta petición, pues suponía «duplicar la instrucción». A raíz de esta negativa, la respuesta de la policía fue solicitar el secreto de las actuaciones con el apoyo de la Fiscalía «y maniobrar para retomar por su cuenta» algunas de las diligencias que el magistrado había rechazado, como conseguir una copia del disco duro del ordenador de Xoán Bazarra, uno de los empleados de Dorribo.
Investigando la vivienda
Después de pedir el archivo de la causa especial contra el exministro en julio, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional remitió al fiscal una propuesta de investigación. En ella, el letrado ve confirmados sus «peores temores»: «La policía habría decidido avocar para sí la investigación de estos hechos de una forma autónoma, independiente y paralela a la presente causa».
De hecho, en el informe remitido a la Fiscalía, la policía informa de que decidió «por su cuenta» investigar la compra, en el 2006, de la vivienda madrileña de José Blanco. Según el letrado del exdirigente socialista, habrían tomado declaración -denominada entrevista en el informe- a la persona que le vendió la casa a Blanco. En el escrito se destaca que el instructor «jamás» ordenó a la policía que investigara «por su cuenta» el patrimonio del imputado, «ni mucho menos tomar declaración a nadie al margen del procedimiento». Recuerdan, además, que la legislación fija una serie de parámetros para que la instrucción no delegue en la policía «de forma tan amplia y generosa» y haya garantías para la defensa en igualdad de armas.
Juicios «tendenciosos»
Además de la acusación de que la policía investiga al margen del proceso judicial en el que está imputado José Blanco, su defensa también considera que los funcionarios encargados de estas pesquisas vierten «juicios de valor manifiestamente tendenciosos» sobre el diputado. Y menciona un ejemplo. En el 2006, el vendedor de la casa la puso a la venta en una página web por 900.000 euros y Blanco la compró 670.000 euros. De ahí se inferiría «sin prueba alguna» que el ex ministro habría comprado el inmueble por el precio inicial y habría abonado 230.000 euros «con fondos de origen desconocido».
Sin embargo, alegan, Hacienda de la Comunidad de Madrid valoró el inmueble en 587.280 euros y los vendedores lo habían adquirido por 450.759 tres años antes de vendérselo a Blanco. Y aportan los documentos acreditativos de unos datos que no manejó la UDEF.
La defensa del ex vicesecretario general del PSOE relata que, cuando la instrucción tocaba a su fin, la Fiscalía recibe un informe que sustentaría la declaración del secreto del sumario. A partir de ese momento, la UDEF inicia una investigación «inquisitorial y claramente injustificada» sobre 22 personas y 43 sociedades.
No obstante, la documentación remitida por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y por la Agencia Tributaria no ha sido entregada por la policía, «sino que la retendrá para su estudio». Esta respuesta, para la defensa de Blanco, es «intolerable» y reclama que estos documentos se aporten a la causa: «La UDEF está dilatando el cierre de la instrucción y controlando los tiempos de la misma, dosificando la imagen mediática de sus peculiares análisis». Todo esto provoca, a su juicio, que en una causa que no es secreta el imputado no conozca qué investigaciones desarrolla la policía.
Cohecho y tráfico de influencias
El cohecho se sustancia en que Dorribo dice haber entregado 200.000 euros al primo de Blanco. El tráfico de influencias se basa en las presuntas gestiones en favor de Dorribo y José Antonio Orozco.