La Justicia considera ilegal que los trabajadores del Instituto Ourensán de Desenvolvemento sean personal laboral
19 dic 2012 . Actualizado a las 14:51 h.La Justicia obliga a la Diputación de Ourense a dar marcha atrás en su política de contratación de personal laboral en el Instituto Ourensán de Desenvolvemento, un organismo dependiente de la Diputación. A raíz de un auto del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Ourense, que considera ilegal que el personal de ese organismo sea exclusivamente laboral, el gobierno provincial ha optado por modificar los estatutos del Inorde en su apartado de personal.
En concreto, la variación que se llevará al próximo pleno provincial afecta al artículo 18.1 de los estatutos del Instituto, en el que a partir de ahora, se establece que el personal «terá natureza funcionarial ou laboral segundo proceda conforme co establecido na lexislación vixente». Además, en el artículo se recoge que el personal contratado se hará en «suxeición aos principios de mérito, capacidade e publicidade». En el expediente remitido a la Diputación de Ourense por el presidente del Inorde, José Manuel Freire Couto, se reconoce que el fallo es «correcto» y que por ello se procederá a modificar la «deficiencia» a este respecto, sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Esta modificación de los estatutos del Inorde supone, según el BNG, la confirmación de que en este organismo «contratouse de xeito sistemático conculcando os procedementos de contratación e vulnerando os principios de mérito, capacidade e publicidade».
Más crédito para personal
Paralelamente a esta modificación de los estatutos, la Diputación ourensana realizará una variación de crédito de 185.000 euros para financiar gastos generales, a través del remanente de tesorería. «O Inorde segue a ser un saco sen fondo, que devora diñeiro público polo que pedimos de xeito inmediato a súa disolución», aseguró el BNG a través de un comunicado oficial. Para este año el Inorde cuenta con un presupuesto de dos millones de euros, de los que tan solo 40.000 irán destinados a inversiones.
La sentencia que obliga a la Diputación ourensana a modificar los estatutos del Inorde llegó después de la denuncia de un joven opositor contra el sistema de contratación de Baltar padre desde el año 2003.