La madre mató al menor, desesperada porque no podía controlarlo
07 nov 2012 . Actualizado a las 04:00 h.El caso Oliver tiene ya sentencia más de una década después de aquel episodio de la madre de Narón que mató a su hijo adolescente enfermo mental y luego ella se suicidó arrojándose al mar. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón al marido y padre, el taxista Manuel Bouza, al que deberá indemnizar la Xunta con 36.000 euros por responsabilidad patrimonial al no haberse hecho cargo del menor. El Supremo había revocado una sentencia anterior del mismo tribunal, que desestimaba la pretensión de Bouza.
Aquel episodio trágico ocurrió el 20 de marzo del 2000 cuando María Casal Montero, desequilibrada por no poder cuidar al hijo del matrimonio, que se había vuelto muy violento, decidió acabar con su vida y con la de su hijo. Fue una muerte anunciada, porque los padres, con su hijo, habían denunciado en rueda de prensa, días antes, que estaban desesperados porque la Xunta les había enviado a casa al muchacho y no podían con él.
Dejación de funciones
Ahora el TSXG dice literalmente que la Administración hizo dejación de sus funciones y, literalmente, acercó la cerilla a la pólvora. El tribunal no ahorra calificativos a la hora de analizar la situación y en el fundamento sexto de la sentencia indica: «Difícilmente se alcanza a comprender cómo con pobre argumentación se pone fin a la situación de guarda establecida [es decir, con el chico a cargo de la Xunta y en una residencia adecuada] y se permite el restablecimiento de una convivencia insoportable abocada al fracaso, siendo evidente que la atención dispensada al menor en el hospital de día iba a resultar insuficiente». La Administración había justificado la medida de enviar al hijo a casa en determinadas fechas por falta de medios y por cambios en la actitud del enfermo, lo que aconsejaría reintegrarlo al seno familiar. Tras la anulación por el Supremo de la anterior sentencia y la solicitud de informes a la Xunta para conocer en qué basó su decisión, se concluye que la respuesta dada por la Administración solo fue «una disculpa».
El padre
Este caso, sin embargo, no se ha acabado con la sentencia en lo contencioso-administrativo. Manuel, el padre, que permaneció de baja y a tratamiento psiquiátrico y, según su confesión, estuvo a punto de suicidarse, reclama ahora también por sus daños personales. Actualmente es taxista en la zona de Pontedeume y Cabanas. De esta demanda también se ocupa su abogado, del despacho Lamas y Asociados de Ferrol.
El caso Oliver había causado gran conmoción aquellos días en el barrio de Santa Cecilia, situado entre Ferrol y Narón, por todas las circunstancias que rodearon el trágico episodio de las dos muertes.