En una primera parte del proceso de quiebra, los trabajadores y también acreedores, habían conseguido introducir a dos síndicos de su cuerda en la junta de acreedores. Pero luego el grupo madrileño consiguió removerlos y sustituirlos por otros. El juez de la suspensión de pagos había conseguido eludir la propuesta del grupo y mantener a los trabajadores diciendo que, según la legislación de entonces, tenían que residir en la plaza. Pero la Audiencia le enmendó la plana.
Mientras funcionaron como tales síndicos, los primeros denunciaron que la deuda o pasivo que los dueños de Rubber hacían constar en sus informes estaba muy abultada.
Cofisa presentaba cheques bancarios y certificaciones de pagos de los que se desconfiaba. Las normas de entonces establecían que la mayoría de la deuda era la que decidía y si los quebrados conseguían justificar su propuesta de facturas, impagados y demás, tendrían la sartén por el mango.
Suspensión de pagos
Las instalaciones de la empresa, tras la suspensión de pagos, fueron desvalijadas por desconocidos en varias ocasiones. En un lateral se amontonaban decenas de toneladas de ruedas de automóviles y camiones que habían quedado sin utilizar cuando la compañía dejó de funcionar.
Todo estaba intervenido, pero se produjeron al menos dos incendios de neumáticos que llevaron al entonces alcalde de Fene, Xosé María Rivera Arnoso, a exigir que se trasladase otro lugar todo el material acumulado porque en la zona en la que estaban suponían un peligro, con bosques a escasos metros. Las naves continúan inutilizadas actualmente.