El alcalde de Ourense, imputado por los delitos de cohecho y prevaricación

Laura López LUGO / LA VOZ

GALICIA

PRADERO

La magistrada lo dejó esta madrugada en libertad con una fianza de 6.000 euros

23 sep 2012 . Actualizado a las 11:13 h.

La de ayer volvió a ser una jornada de vértigo en los juzgados lucenses, y un día que se complicó para el alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez. Lo que parecía que iba a ser una declaración ordinaria en el marco de la operación Pokémon se alargó sobremanera. De hecho, tras prestar declaración durante tres horas y media, el alcalde quedó incomunicado en el juzgado durante varias horas hasta que, sobre la 1.20 de la madrugada la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, decidió dejarlo en libertad bajo fianza, pero como imputado por los delitos de cohecho y prevaricación.

El alcalde llegó a los juzgados lucenses, sin esposar, poco antes de las diez de la mañana, en un vehículo de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria, como el resto de los detenidos. También en esos momentos se acercaron, entre otros, su pareja, Mercedes Astorga, y uno de sus asesores, Bienvenido Fernández, con la esperanza de que el regidor saliese en libertad esa misma mañana. Ambos se mostraron «cansados» por las largas horas de espera y «sorprendidos» por su detención, ya que afirmaron que por la mañana todavía no sabían de qué se le acusaba. De hecho, a lo largo de la mañana fueron varias las veces que se acercaron a los juzgados a conocer noticias del mandatario ourensano.

El regidor declaró durante tres horas y media, desde las once de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Su salida se demoró hasta bien entrada la madrugada. Ya en libertad, declaró que se encontraba cansado, agradeció la presencia de amigos y simpatizantes ante los juzgados y dijo que confiaba en la justicia para aclarar la situación. «Hace ya 72 horas que estoy privado de libertad y ahora mismo lo único que me apetece es descansar», añadió.

La magistrada había decidido mantenerlo incomunicado a la espera de que prestasen declaración otros dos detenidos: Adrián Cordero y José María Tutor, ambos vinculados a Vendex.

Sobre las diez de la mañana llegaba a las dependencias judiciales de Lugo Adrián Cordero, gerente de Vendex en Ourense y encargado, entre otras cosas, del servicio de la ORA en la ciudad de las Burgas. Sin embargo, Pilar de Lara no comenzó a tomarle declaración hasta pasadas las tres de la tarde, una vez que finalizó el turno del alcalde.

Sobre la una y cuarto de la tarde llegó a los juzgados lucenses José María Tutor, delegado del grupo empresarial en Galicia.

Ambos salieron finalmente en libertad también esta madrugada. A Adrián Cordero la jueza no le impuso fianza, pero lo declaró imputado por cohecho, falsificación de documentos y tráfico de influencias. En cambio a José María Tutor la magistrada le impuso una fianza de 4.000 euros.

Finalmente, a última hora de la tarde, llegaron también a los juzgados Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, administrador de Vendex y responsable de la ORA en Madrid, y Maribel Carrasco Álvaro, otra responsable de la misma empresa en Madrid. Al cierre de esta edición, todavía no habían terminado de declarar ante la magistrada Pilar de Lara.

Hoy siguen las declaraciones

Está previsto que hoy continúe la toma de declaraciones y que acudan, entre otros, el exconcejal y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares.

El plazo máximo para que los detenidos pasen a disposición judicial es de 72 horas. A partir de ahí, según explican fuentes próximas a la investigación, la jueza dispondría de otros tres días para tomar una decisión sobre el arrestado.

Con estos ya son ocho los detenidos que prestaron declaración ante la jueza del caso. El viernes lo hicieron los tres primeros: Román Otero, funcionario del Ayuntamiento de Santiago, que fue puesto en libertad; el alcalde de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, al que se le imputa un delito de prevaricación, otro de cohecho y dos delitos menores, que fue puesto en libertad bajo fianza de 10.000 euros; y Alberto Quintana, responsable de la empresa Sermasa en Santiago, que empezó a declarar sobre las once de la noche y terminó a las dos menos cuarto, y quedó libre con cargos, pero sin fianza, y está obligado a comparecer semanalmente en los juzgados.