Los artículos sustraídos en la protesta fueron entregados a la Cocina Económica
15 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Seis miembros de la CIG pertenecientes a la asamblea de parados del sindicato de Ferrol se sentaron ayer en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 1 acusados de una falta de hurto por hechos ocurridos el pasado 6 de junio en un supermercado de la cadena Dia situado en el mismo bloque de la sede administrativa de la Xunta en esta ciudad. Tras una protesta ante la sede, un grupo entró en el establecimiento y comenzó a hacerse con diferentes artículos, al modo de las acciones del alcalde andaluz Sánchez Gordillo. La intervención policial abortó luego la protesta y buena parte del género fue recuperado. Los seis identificados por los agentes fueron denunciados. Se calcula que algunos se pudieron llevar unos 200 euros en mercancía, que luego fue entregada por los protagonistas a la Cocina Económica.
El juicio estuvo precedido por una sonora concentración ante los juzgados de Ferrol encabezada por el secretario general de la CIG y la dirección local de la central nacionalista. Todos coreaban consignas como «Urdangarin devolve o maletín» o «Ser desempregados non é delito». No obstante, al interior de la sede judicial accedieron solo los denunciados y los que cubrían el aforo de la sala de vistas.
La defensa estableció una línea de ataque basada en técnica jurídica. Así, impugnó el atestado policial y luego invocó el principio de la duda porque, adujo el letrado, eran entre 40 y 50 los participantes en la acción y solo estaban sentados en el banquillo seis.
La supervisora de la tienda identificó a uno de los denunciados
La supervisora del establecimiento describió lo ocurrido e identificó solo a uno de ellos, si bien indicó al tribunal que había un cedé con la grabación de los hechos en el interior de la tienda, entregado a la policía. Esta, en el texto de la denuncia, dio los nombres de los seis enjuiciados ayer.
Uno por uno, cinco hombres y una mujer, declararon que sí tomaron parte en la acción de protesta, pero que no se habían llevado nada. Reconocieron su militancia en la asamblea de parados de la CIG y uno de ellos también explicó que parte de los artículos fueron entregados en la Cocina Económica de Ferrol. En este tono se desarrolló la vista judicial, con un orden completo en el interior de la sala.
La acusación fue ejercida por el fiscal jefe de Ferrol, Román Ruiz Alarcón, que consideró que existen pruebas suficientes para incriminar a los denunciados como autores de una falta de hurto, por lo que solicitó para todos ellos un mes de multa a razón de tres euros diarios porque la cuantía de lo supuestamente sustraído no permite imputar un delito. El acusador preguntó a la supervisora de la tienda si la policía había identificado a los seis denunciados y respondió afirmativamente.
Un juicio rápido que hizo coincidir a la salida a miembros del CIG con los novios de una boda civil y sus invitados. Salía también un hombre que había sido detenido por un incidente en una protesta de afectados por las preferentes bancarias y que compareció ante el juez de guardia y otros arrestados por hurtos en coches. El inmueble, con un acceso diferenciado para el juzgado de guardia, tiene cerrada su puerta porque la Xunta y la policía no se han puesto de acuerdo en establecer en las medidas de seguridad para tal órgano.