El pleno del Concello de Vigo aprobó el lunes compensar a sus empleados la paga extra de Navidad que no iban a poder cobrar como el resto de los empleados públicos de toda España. Y que lo hará cumpliendo escrupulosamente la ley. En principio esta decisión de carácter eminentemente político compromete más bien poco pues todo depende de si el gobierno local logra encontrar mecanismos legales para hacerlo, que es donde va a radicar el problema.

Antes de que los concellos encuentren estas vías el Ministerio de Hacienda les ha advertido de manera expresa de los riesgos que corren.

Para ello les ha remitido una nota informativa que ya conocen los interventores de los ayuntamientos y a la que ha tenido acceso La Voz. Se trata de un escrito fechado el pasado 5 de septiembre (tan solo cinco días antes del acuerdo adoptado por el Concello de Vigo) en el que les anticipa que sus decisiones para el pago de la extra «podrán ser objeto de impugnación al amparo de lo dispuesto en la ley por tratarse de actos dictados con infracción del ordenamiento jurídico vigente».

Firmeza estatal

En la nota que suscribe el secretario general del ministerio, Enrique Ossorio, les explica con claridad lo que no pueden hacer: «La adopción de actos o acuerdos que supongan el incremento de cualquier concepto retributivo (productividad, incentivos al rendimiento, etcétera) tales como modificaciones presupuestarias aprobadas para transferir crédito desde otros capítulos del presupuesto al capítulo 1 (gastos de personal) que tengan como efecto el incumplimiento de las obligaciones indicadas anteriormente».

La obligación de los ayuntamientos es no pagar la extra de forma que las retribuciones de su personal no tengan ningún incremento respecto al 2011 «en término de homogeneidad». Esto es, al margen de esta supresión.

No obstante, en todo momento se refiere a los ingresos del año 2012, sin hacer ninguna referencia a soluciones como las que ha planteado el Gobierno de Navarra. En esta comunidad la solución buscada consiste en abonar el 3 de enero la paga extra de julio del 2013 y adelantar al verano la de Navidad. La medida se aplicaría durante tres años, aunque al final en un ejercicio habría que contabilizar tres pagas extraordinarias para volver a la normalidad, confiando sin duda en que para entonces haya mejorado la situación económica.

Ajeno a estos planteamientos del Ministerio de Hacienda, el alcalde vigués, Abel Caballero, ha convocado para el viernes a los sindicatos del Concello y al comité de empresa «para empezar a buscar vías que permitan mantener el poder adquisitivo de los empleados del Concello».