La potente industria tabaquera andorrana, un sector que genera el 40 % de los ingresos del país, exporta ilegalmente cada año -de contrabando- al mercado nacional entre 50 y 60 toneladas toneladas de tabaco, o lo que es igual entre 10.000 y 12.000 cajas (de 5 a 6 millones de cajetillas).

Esos datos, derivados de la investigación llevada a cabo a lo largo de este año por el departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, han sido plenamente corroborados por el juez gallego José Antonio Vázquez Taín en las dos jornadas de interrogatorio llevadas a cabo el miércoles y jueves de esta semana en los juzgados de la capital del Principado. Estas declaraciones se producen tras haber aceptado la juez Azahara Cascales la comisión rogatoria internacional que Taín le había remitido como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, que es donde judicializó en su día el Departamento de Aduanas las investigaciones que sirvieron de base para la operación Alga.

El objeto de la comisión rogatoria, según explicó a La Voz el instructor una vez cumplimentada la misma, era clarificar unos presuntos delitos cometidos en España. «No hemos venido a realizar ningún control de la industria tabaquera andorrana, sino a investigar la implicación de personas concretas en hechos presuntamente delictivos ocurridos en España», aclaró para evitar malentendidos y amortiguar las suspicacias que suscitó su presencia en La Batllia (los juzgados andorranos).

Vázquez Taín reconoció que los resultados de esta comisión rogatoria van a suponer «un avance muy grande en la investigación que estamos llevando a cabo».

Sin entrar en detalles, admitió que con los interrogatorios de los imputados andorranos «se reafirmaron los indicios que había contra ellos».

Otras fuentes conocedoras de la investigación precisaron que están plenamente identificados los cuatro grupos andorranos que abastecían a más de una treintena de distribuidores españoles, 23 de los cuales son gallegos, que fueron detenidos en las dos fases de la operación Alga llevadas a cabo en los tres últimos meses por el departamento de Aduanas.

Como quiera que, según las mismas fuentes, los distribuidores nacionales se limitaban a recibir la mercancía en los lugares donde están asentados y a realizar los pagos de la mercancía por los sistemas previamente convenidos, los investigadores constataron la existencia de una infraestructura estable, supuestamente asentada en el Principado o en sus inmediaciones que conectaba a productores con distribuidores.

El instructor confirmó que el número de imputados irá aumentando a medida que avancen las investigaciones y que estas, salvo imprevistos, estarán concluidas antes de fin de año.

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