El proyecto de ley aprobado por el Gobierno autónomo para aplicar en Galicia la retirada de la extra de Navidad a los funcionarios incluye, junto al recorte proporcional del 7,1 % en las retribuciones de la cúpula de la Xunta y del personal de designación política, una medida adicional que afectará a Feijoo y a sus sucesores. Los futuros expresidentes no podrán compatibilizar la compensación retributiva que perciben de la Administración gallega con ninguna otra remuneración pública o privada.

Esta medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que será Feijoo el primero que se verá en esa tesitura. El cambio supone un guiño en la línea de austeridad, aunque tiene una repercusión económica limitada. Con la reforma legislativa que Touriño promovió en el 2007, para cumplir con el compromiso con los dignatarios salientes que había adquirido en su toma de posesión, los expresidentes tienen la opción voluntaria de incorporarse al Consello Consultivo como miembros natos, por un plazo que varía de acuerdo con el tiempo que permanecieron al frente del Ejecutivo. Además, pueden compatibilizar ese cargo, que les reporta más de 70.000 euros al año, con la compensación de la Xunta como expresidentes, que les permite ingresar durante dos años el 60 % de la asignación que tenían como presidentes, lo que supone unos 45.000 euros anuales. Tras la reciente incorporación de González Laxe, los tres expresidentes vivos están en el Consultivo, aunque ninguno percibe ya retribución alguna de la Xunta por esa condición.

La novedad que el Gobierno de Feijoo introduce en este proyecto de ley es que los futuros presidentes ya no podrán compaginar esa compensación con la que recibirán del Consultivo, en caso de que opten por esa vía, ni con cualquier otra remuneración por una actividad pública o privada. La Xunta aplicará así una limitación que ya tiene regulada el órgano consultivo, y que impide a sus miembros compaginar ese sueldo con otro.

Esta medida forma parte del proyecto de ley por el que la Xunta retirará la extra de Navidad a los 90.000 empleados públicos, que perderán este año 1.200 euros adicionales al recorte del 5 % que arrastran en sus nóminas desde el decreto de Zapatero de junio del 2010.

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