El fiscal pide un año de cárcel para el teniente de navío Pablo Varela Sánchez por la explosión ocurrida la madrugada del 19 de diciembre del 2005 en la sala de propulsión de la fragata Extremadura, de la que era jefe de máquinas. El buque se encontraba atracado en el Arsenal Militar de Ferrol y estaba realizando la maniobra de arranque, porque a la mañana siguiente estaba previsto que se hiciese a la mar. El reventón de una conducción de vapor de agua a altísima temperatura mató al cabo Francisco Javier Pérez Castrillón, que residía en el País Vasco, y al marino coruñés Erik Noval Gómez. La insistencia de la madre de este último, la letrada Eva Añón, y del cabo Jorge Gago, hizo que la causa judicial saliese adelante y no quedase archivada. El juicio por este caso se celebrará en el Tribunal Militar de A Coruña.
Según el fiscal militar, el jefe de máquinas, que fue advertido de la gravedad de la situación porque determinadas alarmas comenzaban a apreciarse, tenía que haberse trasladado al buque y ordenar que se abortase la maniobra de encendido. En lugar de eso, permaneció en su casa. Añade el fiscal que incluso no se presentó a bordo cuando acudió el juez de guardia para proceder al levantamiento de los cadáveres de los dos marinos. Tampoco puso en conocimiento del comandante del buque las advertencias que un suboficial y el oficial de guardia le habían transmitido por teléfono.
El índice de cloro
La fragata pertenece a la serie que modernizó la Armada española en la década de los setenta, pero ya se encontraba en proceso de retirada. Los motores de esos barcos funcionaban con turbinas a vapor. La preocupación de la tripulación encargada del arranque del buque comenzó a manifestarse cuando los índices de cloro del sistema de agua de las calderas inició un proceso de ascenso hasta alcanzar los 12 epm (equivalencias de parte por millón), un nivel que los manuales establecen como de peligro. Las órdenes dadas telefónicamente por el oficial encausado fueron incorrectas, sostiene el fiscal encargado del caso.
Aunque el asunto fue archivado por el instructor militar que investigó el caso, el Tribunal Supremo dio la razón a la familia de Erik Noval y ordenó que se continuase, al tiempo que decretaba la práctica de varias pruebas más. Es la primera vez que un accidente de este tipo en un barco acaba con un oficial de la Armada ante un tribunal penal militar.