La acusación que la Fiscalía ha formulado contra Gerardo Conde Roa es grave. Se trata de un delito fiscal, previsto en el artículo 305 del Código Penal. Cuando lo que está entre manos es un fraude a la hacienda pública, la ley se muestra dura y las posibilidades de acabar en la cárcel son altas si no se llega a un acuerdo que evite el juicio.
Esta es, según las fuentes jurídicas consultadas, la mejor defensa legal que podría presentar el regidor compostelano. Evitar la vista oral porque, de celebrarse, las posibilidades de que el proceso termine con una condena de cárcel e inhabilitación, además de la multa, son muy elevadas.
Esa condena, además, le obligaría a abandonar la alcaldía porque estaría inhabilitado para desempeñar cualquier cargo o empleo público. La alternativa sería que la defensa pactase con la Fiscalía una sentencia de conformidad. Eso supone aceptar que ha cometido delito fiscal, pero esquivaría la pena de cárcel e incluso la multa sería mucho menor.
Fraude y delito
Conde Roa, que es abogado, reconoce que no presentó la declaración del IVA, pero dice que no hubo fraude y que, por tanto, no hay delito. Se equivoca. El fraude existe por el mero hecho de no haber declarado en tiempo y forma a la Agencia Tributaria. Pudo hacerlo y aplazar el pago, pero no lo hizo. Si hay o no delito dependerá de si su defensa consigue convencer al juez de que el alcalde de Santiago no tenía la voluntad de defraudar.