El alcalde de Santiago declara hoy en el juzgado acusado de delito fiscal
12 abr 2012 . Actualizado a las 10:53 h.Los aliados se jugaron la Segunda Guerra Mundial el 6 de junio de 1944 en las playas de Normandía. Lo llamaron el día D. Gerardo Conde Roa afronta hoy un trance parecido. Se juega su futuro político, que pinta más negro cada día que pasa. El alcalde de Santiago, del PP, declara a las 12 horas como imputado en el juzgado. Está acusado de un delito fiscal por haber defraudado 291.000 euros a Hacienda, a la que no pagó el IVA de la venta de 61 viviendas que promovió su empresa Geslander Proyectos Inmobiliarios.
La querella presentada por la Fiscalía contra el regidor ha abierto una grave crisis en el PP y colocado en una situación más que incómoda a la cúpula del partido en Galicia. Mientras que de puertas adentro las medidas disciplinarias están ya cocinadas, oficialmente, su secretario xeral, Alfonso Rueda, solo ha anunciado que la decisión de los populares respecto a Conde Roa dependerá de la situación judicial del regidor tras prestar declaración hoy ante el juez instructor del caso, el magistrado José Antonio Vázquez Taín.
¿Imputado o no imputado?
«Vamos a ver qué dice el juez», afirmó Rueda. El regidor compostelano ha defendido su inocencia ante el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, alegando que él no está imputado, solo querellado. Una diferenciación fruto de un simple tecnicismo. La querella de la Fiscalía dice explícitamente que hoy se tomará declaración «como imputado al querellado» y esa será la situación judicial de Gerardo Conde Roa cuando abandone los juzgados de Santiago.
Con esa imputación oficializada, al PP no le quedará más remedio que aplicar sus estatutos, que en el artículo 16 prevén la incoación de un expediente disciplinario en el mismo momento en el que se imputa a un afiliado por un delito doloso. Y el delito fiscal, que es de lo que se acusa a Conde Roa, lo es.
Auto del juez
Los siguientes pasos por los que discurrirá el camino judicial del alcalde de Santiago serán aún menos cómodos para él y cada vez más difíciles de digerir para el PP. Primero, el juez instructor del caso redactará un auto en el que tendrá que definir de qué delitos se le debe juzgar. No tendrá mucho trabajo, porque en el caso en cuestión hay poca instrucción que hacer. La querella de la Fiscalía es clara y Conde Roa ha admitido públicamente que no pagó a la Agencia Tributaria el IVA de las 61 viviendas que vendió su empresa. Por ello, es más que probable que ese trámite esté ya concluido la semana que viene.
Con el auto judicial redactado, las partes tendrán que presentar sus escritos. Los abogados del regidor, el de defensa, y el fiscal al que se le asigne el caso, el de acusación. En él, calificará los hechos y pedirá una pena que será de entre uno y cinco años de cárcel, inhabilitación para cargo público por el mismo período de tiempo y una multa que en este caso será de entre 291.000 y 1.800.000 euros.
Posteriormente, se celebrará una vista oral -un juicio- en una de las salas de lo penal de la ciudad. Aunque aún no lo dicen en público, en el PP asumen que no podrán mantener a Conde Roa en la alcaldía de Santiago con este panorama judicial a corto plazo. La intención es forzar su dimisión.