El fiscal no pudo demostrar la relación de Gerardo Sánchez con Miñanco
10 abr 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra solicitó al Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía el archivo de la causa abierta contra los Gerardos, una familia con un importante número de negocios relacionados con el sector hostelero que estaban en el punto de mira de la Agencia Tributaria, que investigaba si habían servido para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Augusto Santaló solicitó el sobreseimiento provisional al no poder demostrar la que era su principal línea de investigación: la supuesta relación de los encausados con Sito Miñanco. Al mismo tiempo solicitó que se levantase el embargo sobre sus propiedades.
La investigación contra Gerardo Sánchez Pérez, su hijo Gerardo Sánchez Villalba y otras personas de su entorno se puso en marcha en el año 2009, cuando la Agencia Tributaria abrió la operación Suntuarias, la más ambiciosa desarrollada en Galicia contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y que dio pie a embargos por valor de 650 millones de euros.
En el caso de los Gerardos, propietarios o gestores de locales tan emblemáticos en Vilagarcía como La Bohéme o la bolera Kaiser, ya se habían encontrado indicios de que el patrimonio declarado no se justificaba con los ingresos, pero no se pudo ir por la vía fiscal porque el delito había prescrito ?lo hace a los cinco años?. Quedaba, sin embargo, la opción del blanqueo de dinero, porque en la sociedad de la bolera Kaiser aparecía la hija de Sito Miñanco.
Nadie sabía nada
El fiscal Santaló solicitó no solo la declaración del narco cambadés, que lo hizo desde la cárcel por videoconferencia, sino también de policías y de otros testigos que hubiesen participado en el pasado en investigaciones de Sito Miñanco, para confirmar la relación entre ellos. Pero fuera de que sabían que se conocían o que los habían visto tomando un café, nadie dijo nada. Ante la falta de pruebas, el fiscal pidió el archivo de la causa y el levantamiento de los embargos.
Condenados o a la espera de juicio
Peor suerte corrieron las otras dos familias investigadas en la operación Suntuarias. La del vilagarciano Guillermo Abalo, al que se le embargaron bienes por valor de varios millones, fue condenada. A él y a su mujer se le impuso una pena de cinco años de cárcel, y otro año y medio para sus padres. También se confirmó el embargo de sus propiedades. La causa contra Óscar Manuel Rial, «el Pastelero», se sigue en la Audiencia Nacional, y el fiscal acaba de solicitar prisión por blanqueo para su organización.