Las firmas de las prórrogas de estancia que les dieron eran falsas
21 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La investigación abierta por la jueza de Lugo Pilar de Lara Cifuentes para esclarecer presuntas irregularidades en la brigada de Extranjería de Lugo está planteada en varios frentes. Además de intentar averiguar quién falsificaba firmas en las prórrogas de estancia de mujeres relacionadas con los clubes de alterne, también trata de determinar si alguna de esas rúbricas llegó a los documentos como pago por favores sexuales.
Las conversaciones telefónicas grabadas en su día pueden ser claves en las pesquisas. Entre otras, los investigadores manejan las que presuntamente mantuvieron una mujer de nacionalidad brasileña y el subinspector Eduardo Castro. Ambos se encuentran imputados en la operación Carioca, abierta para desenmascarar una supuesta trama tejida entre proxenetas y algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Los investigadores comprobaron que ambos interlocutores hablaban sobre la amistad que los unía y los favores que, supuestamente, haría el aludido subinspector. Las prórrogas aparecieron firmadas por alguna persona que, según los peritos, falsificó la firma del excomisario Maximino Losada. Dicha concesión fue otorgada de manera presuntamente irregular toda vez que las mujeres beneficiadas no reunían requisito legal alguno para conseguir dicho beneficio. Al parecer, en algún caso llegó a justificarse una enfermedad padecida por alguna de las mujeres, sin que se llegase a aportar ningún certificado médico.
Dentro de la investigación abierta por la jueza De Lara fueron llamadas a declarar como testigos varias mujeres. Una de ellas relató cómo una amiga le contó los supuestos encuentros sexuales que mantenía en un motel de la ciudad lucense con el subinspector.
Una relación aprovechada
Las averiguaciones apuntan a que la supuesta amiga del funcionario policial aprovecharía esta relación para traer mujeres de Brasil a España para que ejercieran la prostitución. También utilizaría esas influencias para legalizar la situación de amigos y familiares. Las investigaciones reflejan que pudo arreglar la salida del territorio nacional de una pareja y la estancia ilegal de al menos dos compatriotas. La mujer en cuestión está imputada por varios delitos, entre ellos uno de cohecho.
Mujeres que declararon como testigos vinculan las buenas relaciones existentes entre este funcionario policial, el segundo en el escalafón de la brigada de Extranjería, y el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre. El primero fue apartado del citado departamento tras las investigaciones de la jueza, y el segundo permaneció un año y cuatro meses en prisión porque se le considera uno de los principales implicados en la trama que supuso el cierre de tres burdeles.