El auto del pleno de la Sala de lo Penal, del que fue ponente su presidente Javier Bermúdez, es un claro mensaje dirigido al Gobierno de Hugo Chávez: Alejandro Iglesias Zurita, el ciudadano reclamado por la Justicia venezolana por la muerte de su novia, Bárbara González, a la que le habría quitado la vida tras quemarla viva en el 2009 en la localidad de El Tigre, solo será extraditado si la Justicia de aquel país accede a la petición del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de que sea enviado a España Arturo Cubillas.
El presunto colaborador de ETA, que tiene nacionalidad venezolana y está casado con una ciudadana de este país, también funcionaria del Gobierno, fue deportado de Argelia a Caracas en 1989.
La Audiencia Nacional lo reclama como responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999 y de coordinar las relaciones con las FARC.