El pasado enero, la Policía Nacional presentó al magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, Alejandro Morán Llordén, una «propuesta de actuación» para investigar una presunta «trama delictiva concertada con el objeto de cometer delitos contra la Administración pública y [...] de falsificación de documentos».

El operativo fue bautizado como operación Torre y se dividió en tres fases diferenciadas. La primera consistía en la declaración del secreto de las diligencias previas con el objetivo de evitar la posible destrucción o manipulación de pruebas. El secreto se mantuvo hasta el pasado viernes por la mañana.

La segunda fase fue la «urgente» intervención telefónica de los móviles de dos aparejadores municipales, David Couselo y Mar Piñeiro, y dos directivos de Albanese, Daniel y Antonio Albanese. Las escuchas comenzaron el 24 de enero y finalizaron el 6 de febrero por petición de la propia policía.

La tercera fase era la entrada y el registro de las dependencias municipales, de la sede de la empresa Albanese y de los domicilios particulares de los dos directivos de la firma a los que también se pinchó el teléfono.