El levantamiento del secreto de las diligencias por supuestas irregularidades en el área de Obras del Concello de Ferrol ha revelado el desacuerdo del fiscal con el registro llevado a cabo por el juez Morán Llordén.

El mismo día en que se ejecutó la operación, la Fiscalía de Ferrol presentó un recurso de reforma contra el auto judicial ordenando la entrada y registro de las oficinas municipales.

El ministerio público expresa su desacuerdo con la medida por llevarse a cabo para un supuesto «poco habitual», según explicó un portavoz. Es decir, se estima que no estaba justificado y que «no debería haberse hecho» porque podría haberse indagado por otros medios.

Si el juez instructor se ratifica en su decisión y desestima el recurso, la Fiscalía apelará a la Audiencia. Si llega a ser admitido se anulará la prueba practicada en el registro. El recurso del fiscal figura en la providencia de Morán Llordén en la que comunica a las partes el levantamiento del secreto.

El mismo día del registro en el Concello, el 24 de enero, la policía pinchó los teléfonos de varios sospechosos. En concreto, interceptaron los celulares de Mar Piñeiro y David Couselo, aparejadores del Ayuntamiento, y las de Daniel y Antonio Albanese, responsables de la empresa Parquet Albanese.

Las escuchas se mantuvieron de forma continuada hasta el pasado 6 de enero, cuando la policía solicitó su cese por considerar que por esa vía «no se obtendrán resultados relevantes».

La llamada operación Torre, desarrollada por un equipo mixto de la comisaria de Ferrol y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) bajo el auspicio del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, investiga una «trama delictiva concertada con el objeto de cometer presuntos delitos contra la Administración pública y [...] de falsificación de documentos».

Entre las personas investigadas figuran los dos aparejadores municipales y los directivos de Albanese citados, el concejal responsable de Obras durante el anterior mandato, Gerardo López Castrillón (PSOE), y el antiguo interventor municipal, Manuel Vázquez Méndez.

Los agentes de la UDEF continúan con el análisis de los documentos incautados durante los registros en el Concello y la sede de Albanese el día 24. El estudio aún tardará meses en arrojar resultados si no es anulado por el recurso de la Fiscalía.