La operación Torre comenzó cuando se investigaban las obras de reforma del cuartel Sánchez Aguilera. Del testimonio de un policía local se concluyó que podrían estarse produciendo «irregularidades en la normativa sobre el deber de expedir facturas», por lo que se llamó a declarar al interventor municipal, Vicente Calvo del Castillo.

El funcionario afirmó que el Concello estaba expidiendo facturas a Albanese que «incumplían claramente la normativa», que se estaban produciendo «posibles fraccionamientos del objeto de contrato». La policía sospecha que el fraccionamiento tenía la finalidad de poder adjudicar de forma directa a esa empresa los trabajos, ya que se utilizaban contratos de obra menor -con importe inferior a 50.000 euros- que no precisaban de un concurso público.

El interventor también declaró que entre el 2010 y los diez primeros meses del año pasado la firma se adjudicó contratos por cerca de un millón de euros en «muchas obras pequeñas».