Unos tres mil trabajadores públicos secundaron las protestas en Santiago en contra de los recortes que recoge el anteproyecto de ley de medidas en el empleo público de la Xunta. Todas las fuerzas sindicales se unieron en una concentración ante la sede del Gobierno gallego, tras la que entregaron un escrito para el director xeral da Función Pública, José María Barreiro.

Los sindicatos recuerdan que el anteproyecto presentado produce inseguridad jurídica, lleva a una pérdida de derechos negociados y adquiridos, y destruye empleo público. Además, sostienen, favorece la recesión al provocar una pérdida de poder adquisitivo de parte de la población, y vulnera el derecho a la negociación colectiva. Los trabajadores solicitan que se retire el proyecto, argumentando que no hay negociación posible con las medidas presentadas.

Las organizaciones sindicales de la función pública ya han convocado nuevas protestas para los días 16 y 23. Ayer se unieron los trabajadores de los centros de Benestar, en contra de la privatización de servicios. La coalición de sindicatos médicos CESM-O?Mega aseguró, además, que la propuesta de la Xunta se traducirá en un deterioro de la calidad asistencial y han convocado a las organizaciones sindicales a una reunión el día 14.

Gastos en los tribunales

Por su parte, los trabajadores de la empresa pública Seaga, de extinción y prevención de incendios, anunciaron ayer que ocuparán las bases aerotransportadas y realizarán marchas y encierros para forzar su regularización contractual. El colectivo lo integran unas 2.000 personas. Ayer, un centenar celebraron una asamblea en la plaza de A Quintana, en Santiago, en la que dieron a conocer que han ganado más de cien sentencias judiciales, que declaran ilegal su contratación por obra o servicio, según Paulo Rubido, secretario de Servizos de la CIG. Rubido declaró que la Xunta debe hacerlos fijos discontinuos y ha gastado ya 200.000 euros en los tribunales.