Un juzgado civil de Ferrol ha anunciado la subasta de una finca de Laxe como medio de pago de una deuda que la constructora Residencial Galicia Litoral (Regal S.?L.), con sede en Ferrol, contrajo con Sondeos del Norte, de A Coruña. El terreno figura todavía a nombre de la que el juzgado declaró deudora, a pesar de que sobre él la Diputación Provincial de A Coruña construyó un campo de fútbol. El campo está protegido por un convenio firmado entre Regal S.?L. y el Concello, que está registrado y avalado por el pleno. De hecho, en la convocatoria prevista para abril ya se establece que la empresa o personas interesadas en el predio, que es suelo urbanizable, tendrá que mantener las «cargas o gravámenes anteriores».

El juzgado conoce la situación porque fue informado del convenio hace casi un año por la constructora. La finca en la que se encuentra el campo ya fue embargada de forma preventiva cuando se inició el litigio entre las dos empresas. Regal no quiso pagar a Sondeos del Norte por considerar que le había hecho mal una obra, pero el juzgado de Ferrol obliga a que se abonen los pagarés firmados. En el edicto se indica que la deuda es de 310.877,35 euros, a los que hay que sumar 93.263,20 por intereses y costas de ejecución.

El terreno, que está a la entrada de Laxe y linda con la playa, ha sido valorado en 957.502,91 euros. Tiene cerca de 11.000 metros cuadrados. En una parte se levantó el campo de fútbol. Fuentes de la Diputación recordaron que el litigio es entre dos empresas, pero que el organismo provincial ejercerá su derecho de proteger el acuerdo con el Ayuntamiento de Laxe.

La actual situación se generó en el año 2005, cuando se firmó un convenio entre Amelia Menéndez, dueña de más de 25.000 metros cuadrados a la entrada de Laxe, y el Concello. Ella cedía cerca de 11.000 a cambio de que le recalificaran los otros 15.000. Este acuerdo pasó a la constructora en diciembre del 2007, que quiso comprar un terreno municipal adyacente. Debido a una denuncia del PP, el acuerdo fue invalidado. Entonces se incluyó en el PGOM un aumento de la edificabilidad, pero la Xunta no solo lo rechazó, sino que además no consideró urbanizable el suelo.

En la situación actual, el terreno ya no es interesante para la constructora, ya que el índice de edificabilidad es solo del 0,14 por metro cuadrado.