Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña quieren ahorrar 1.000 millones
09 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La Xunta tiene el retrovisor fijo en los movimientos del resto de comunidades. Las decisiones de los demás le sirven lo mismo como precedente para validar sus propuestas de reforma de las condiciones laborales de sus trabajadores que como alerta de lo que puede llegar en caso de que se plegara al rechazo sindical. La senda alternativa a esos ajustes conduciría a recortes salariales como los que han aplicado ya otros Gobiernos. Hasta ahora, son tres las comunidades que han cruzado la línea roja que el Ejecutivo de Feijoo insiste en que no pretende traspasar. Son Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Entre las tres suman tijeretazos en las retribuciones de sus trabajadores, adicionales al del 5 % que decretó el Gobierno de Zapatero en el 2010, por importe de 1.000 millones de euros.
La dentellada más grande corresponde a la Generalitat catalana. El Ejecutivo de Artur Mas espera recortar este año 600 millones de euros en gastos de personal a través de las restricciones en dos pagas extra de los funcionarios y el personal laboral de la Administración. Más modesta es la expectativa del Gobierno valenciano que preside el popular Alberto Fabra. Calcula que ahorrará 258 millones con un paquete de ajustes que incluye la rebaja a 25 horas semanales de la jornada laboral a interinos y al personal laboral temporal, con la consiguiente reducción salarial. Además de esta medida, que no afectará a los ámbitos sanitario y educativo, el Gobierno valenciano suspende el plan de pensiones de los empleados públicos, y paraliza y recorta sexenios en educación y la carrera profesional de sanidad. Por último, en Castilla-La Mancha el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal pretende reducir 100 millones de gasto entre sus trabajadores con el aumento de la jornada de 35 a 37,5 horas semanales y el recorte del 3 % del sueldo, por medio de la deducción del 10 % de los complementos específicos y asimilados de todos los empleados.
El Gobierno de Feijoo quiere escapar de esas medidas, al tiempo que se inspira en otras. En el caso de la nueva regulación de la incapacidad temporal, la Xunta ha tomado como referencia las revisiones realizadas en Madrid, Canarias, el País Vasco, La Rioja y Valencia. También en su propuesta para modificar el convenio laboral y suspender los artículos relativos al derecho a comedor y a los días libres por domingos trabajados y festivos, muy discutida por los sindicatos, sigue la experiencia de otras comunidades. En este caso, recuerda que Valencia, Madrid y La Rioja también han tocado de manera unilateral el convenio para introducir reformas en la misma línea en la que pretende hacerlo ahora Galicia.