Los mariscadores creen que la ría se regenerará cuando se vayan los chabolistas

La Voz

FIRMAS

08 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

La Cofradía de Pescadores ha denunciado en multitud de ocasiones que el problema del furtivismo en la ría de O Burgo nace en el poblado y, durante la etapa del bipartito en la Xunta, la entonces Consellería de Pesca advirtió de que los furtivos habían aumentado porque chabolistas de Penamoa se trasladaron a la zona de A Pasaxe.

Como se ve, el problema viene de muy atrás. Ya existe una notificación de febrero del año 2000 en la cual el entonces alcalde, Francisco Vázquez, requería el derribo de las ruinas de factoría de La Toja a sus propietarios.

Tanto la cofradía como los mariscadores consideran que la solución del furtivismo pasa por la erradicación del chabolismo en la zona.

Tres asentamientos

En el margen derecho del estuario, en la zona de A Coruña, se encuentran enclavados tres importantes focos de infraviviendas: el asentamiento en ruinas de la antigua Conservera Celta, los restos del inmueble de la exfábrica de jabones La Toja, y en el solar donde se ubicaba la bacaladera Eusebio Bonhosch. Los terrenos pertenecen a la empresa Altramuz. Desde la cofradía se solicita que se derriben los inmuebles que continúan en pie. Para ello, desde la cofradía ya se solicitó una entrevista con responsables municipales para tratar el asunto. En ella pretenden recordar que existe una notificación de febrero del 2000 en la cual Francisco Vázquez requería el derribo de las ruinas de La Toja a sus propietarios.

Los que allí residen claman contra la persecución policial a la que están sometidos, pues «somos personas que nos buscamos la vida en el mar porque no «quieren darnos carnés», aseguran.

Licencias

Uno de ellos lamentaba que la cofradía no le diese una licencia de mariscador cuando lleva más años de furtivo «que cualquiera de los legales». Si les diesen esos permisos «se acabaría el furtivismo», pregonan en cuanto tienen oportunidad.

No ocultan que viven del marisqueo ilegal. Lo reconocen abiertamente. Pero bajo el paraguas de que lo hacen por una gran necesidad, porque «la mafia de los carnés de mariscador les impide acceder a la legalidad».