Amplía hasta el jueves el plazo para las alegaciones de los sindicatos
07 feb 2012 . Actualizado a las 12:22 h.Las reformas que plantea la Xunta en el empleo público han convertido la interlocución sindical de la que presumía Feijoo en un puente quebradizo que amenaza con aislar a la Administración de sus trabajadores. Consciente de la enorme fragilidad del terreno que pisa, el Ejecutivo mide sus pasos y defiende que todas las medidas se decidirán en una negociación que sigue abierta. Con esa voluntad de aplacar tensiones, la Xunta ha ampliado hasta el jueves el plazo de alegaciones a sus propuestas. Pero los sindicatos están unidos. Hoy mismo anunciarán las primeras movilizaciones.
La Consellería de Facenda, que ostenta las competencias sobre función pública, no ha concretado su previsión de ahorro con los «sacrificios» que pide a los empleados públicos. Pretende recortar 80 millones en gastos de personal, pero no detalla cuánto aportará cada ajuste a una suma que los sindicatos consideran inflada. El departamento que dirige Elena Muñoz alega que hará los números cuando cierre con las centrales el alcance de las medidas.
Solo ha desvelado el impacto de la única decisión en la que la Xunta cuenta con el beneplácito de los trabajadores. La suspensión del plus de altos cargos ahorrará 800.000 euros al año. Esto supone que cada uno de los 142 funcionarios que ocuparon puestos directivos de designación política y cobran ese complemento, entre un total de 213 que lo tienen reconocido, dejarán de ingresar a partir de la nómina de este mes una media de 5.630 euros brutos anuales. Los sindicatos exigen la supresión total de una paga sobre la que la Xunta les ofrece concertar el plazo de una suspensión temporal supeditada a la crisis.
Supresión del fondo social
La otra pista la aportan las centrales. La supresión del fondo social conllevará un ahorro de 7 millones, que es la asignación que los Presupostos reservan para esa partida. Esa asignación financiaba ayudas para la formación de los trabajadores, estudios de sus hijos y algunos gastos sanitarios. Los sindicatos están especialmente molestos con la eliminación de ese fondo, ya que habían pactado su continuidad en diciembre y estaban a la espera de un visto bueno del Consello que ya no llegará.
Pero la mayor contribución a esos 80 millones llegará a través de la oferta para que los interinos y el personal laboral puedan rebajar, si así lo desean, hasta un tercio de su jornada laboral, con el consiguiente ajuste proporcional en sus nóminas. La consellería cree que esta iniciativa puede contar con una importante bolsa de demanda. Aunque la falta de regulación impidió a la Xunta satisfacer en años anteriores las peticiones de empleados para reducir su jornada, la crisis actual y la merma salarial del 5 % que los trabajadores arrastran desde el 2010 no auguran un aluvión de demandas.
Los otros puntos fuertes de los «sacrificios» son la reducción de 3 de los 9 días de libre disposición, que evitarán contratar sustitutos en sanidad y justicia, y la reforma del complemento por incapacidad temporal. La medida retrasará el pago del 100 % de la baja laboral al día 21, salvo en los casos de accidente, enfermedad laboral o embarazo. Esta decisión es una de las que más encienden a los sindicatos, que hoy responderán a las propuestas de la Xunta en una comparecencia conjunta.