El juez analizará las comunicaciones de un concejal y dos aparejadores
03 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, Alejandro Morán Llordén, ordenó a la Policía Nacional que analice los correos electrónicos oficiales de dos aparejadores municipales, María del Mar Piñeiro y David Couselo, y del concejal socialista Gerardo López Castrillón. Los investigadores los consideran sospechosos de participar en una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obras en beneficio de la empresa Parquet Albanese.
El juez dirigió el registro de las oficinas municipales que hace una semana realizaron agentes de las brigadas de delitos económicos de A Coruña y Ferrol en busca de pistas sobre la trama. Según testigos, el edil López Castrillón se mostró «muy tranquilo» durante el registro y no dudó en facilitar el trabajo de los agentes, a quienes también ofreció las claves de acceso a su correo electrónico personal.
Mientras se buscaban pruebas de los departamentos de Obras, Contratación y Servicios del consistorio, otro equipo policial registraba las oficinas y los domicilios de los responsables legales de Albanese.
Agentes especializados en delitos económicos están examinando la ingente documentación incautada en ambos registros, por lo que el proceso aún podría tardar varias semanas.
La policía sospecha que la trama fraccionaba contratos de obra en otros de cuantías inferiores a 50.000 euros con el fin de poder adjudicarlos de forma directa a Albanese, sin tener que recurrir a un concurso público.
Obras por un millón de euros
La empresa habría recibido obras por alrededor de un millón de euros por adjudicación directa en el 2010. El objetivo de la policía durante el registro era incautarse de expedientes de obra y facturas relacionadas con Albanese de ese año y de comienzos del 2011, cuando terminó el anterior mandato socialista en la ciudad naval. Sin embargo, los investigadores también se llevaron documentos anteriores a ese período y no se descarta que la cuantía de las adjudicaciones sospechosas aumente en el futuro.
Entre el 2010 y el 2011 los servicios de control económico del Ayuntamiento, la oficina presupuestaria y la Intervención General rechazaron el pago de numerosas facturas a nombre de Albanese por presentar diversas irregularidades. Entre ellas había algunas que correspondían a obras para las que ya estaba contratada otra empresa, se trataba sobre todo de trabajos de reparación de viales. Otras correspondían a trabajos en el barrio de Recimil, que tiene 1.100 viviendas de propiedad municipal y en el que se invierten alrededor de 400.000 euros para tareas de mantenimiento.