El Gobierno quiere garantizar la seguridad jurídica a los núcleos costeros
02 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno confirmó ayer que se dispone a acometer «una muy profunda revisión de la Ley de Costas» para poner en valor el litoral español y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos en la costa. Esa posible reforma afecta de manera muy especial a Galicia, que cuenta con numerosos núcleos costeros inmersos en una especie de limbo legal desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988.
El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, calificó ayer de «errática» la aplicación de la normativa durante las dos últimas legislaturas. La intención de la Xunta es que se reconozca la especificidad de los asentamientos rurales, reconocidos como suelos de núcleo rural (SNR) en la legislación urbanística de Galicia, pero cuyos propietarios se arriesgan en este momento a fuertes multas por hacer cualquier reforma en sus casas e incluso a expedientes de demolición como consecuencia de la Ley de Costas.
Miguel Arias Cañete citó ayer entre las deficiencias en la aplicación de la ley la «acumulación de expedientes y el reconocimiento de derechos sin resolver» o el «deslinde administrativo del dominio público marítimo-terrestre, incompleto y muchas veces acusado de caprichoso y arbitrario».
Asimismo, el ministro recordó que el propio Parlamento Europeo ha solicitado que se revise «urgentemente» y se modifique la Ley de Costas con el objetivo de proteger «los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero».
Concesión de Ence-Elnosa
Aseguró también que se estudiarán «con el máximo rigor» los expedientes de reconocimiento de derechos preexistentes, algo que podría afectar a los núcleos tradicionales como los de Marín y Vilaboa en Pontevedra.
El ministro de Agricultura y Medio Ambiente recordó también que en el 2018 comenzarán a expirar los plazos concesionales de treinta años previstos en la ley y planteó además la necesidad de estudiar esa situación para poder reducir la conflictividad.
Por su parte, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Olaia Fernández Davila, expresó ayer su temor de que se aproveche esta reforma para que aquellas industrias consideradas contaminantes puedan continuar funcionando después del vencimiento que, como en el caso de Ence-Elnosa, situada en la ría de Pontevedra, es el año 2018.