El departamento de Obras en el que trabajaban los dos funcionarios municipales sospechosos fue remodelado después de las elecciones municipales del 2011, que dieron mayoría absoluta al Partido Popular en Ferrol.

El anterior gobierno, primero de coalición PSOE-IU y luego socialista en minoría, había dividido los departamentos municipales de Obras y de Urbanismo.

El primero, en el que trabajaban los funcionarios sospechosos, funcionaba de forma transversal. Sus funcionarios tramitaban obras para otros departamentos como Patrimonio, Tráfico o Servicios. Mientras que Urbanismo se ocupaba de proyectos de gran calado como la finalización de la reforma de la plaza de España.

Esa situación cambió cuando llegaron los conservadores. El nuevo edil de Urbanismo, Guillermo Evia, se hizo cargo de ambos departamentos y los unificó. También retiró las competencias que habían tenido los aparejadores de la sección de Obras en el anterior mandato.

Esa situación provocó incluso que alguno de los trabajadores de ese antiguo departamento se quejase a la partidos de la oposición de que los estaban «apartando» de sus puestos.

El origen de la investigación

Los mismos funcionarios de Obras y la empresa Albanese ya estuvieron implicados el año pasado en otra investigación judicial. El proceso comenzó a principios del 2011, cuando un policía local denunció que se estaba retirando uralita con amianto de unas obras en el cuartel Sánchez Aguilera. Según la demanda, los trabajadores no tenían medidas de protección adecuadas para manipular esos materiales.

Los dos funcionarios continúan imputados en esa causa con otras personas, pero la denuncia contra la compañía Albanese ha quedado sobreseída.

Según ha trascendido, la policía detectó la presunta trama de contrataciones irregulares mientras investigaba la denuncia por la retirada del amianto. Sin embargo ambas son causas separadas y seguirán procedimientos distintos. En el caso de la trama que provocó los registros de ayer, es probable que la policía aún tarde varias semanas en analizar la ingente documentación que se incautó en el Concello, tarea de la que se ocuparán agentes especializados en delitos patrimoniales.