Una operación bancaria con un documento falso originó la operación que salpica al empresario Dávila Ouviña, de A Pobra
07 abr 2017 . Actualizado a las 17:55 h.El Ministerio de Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado 18 de julio un anuncio en el que indicaba que, sin éxito, había intentado notificar a las empresas Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales que debían reintegrar el dinero percibido en concepto de ayudas, 14,5 millones de euros, por el plan de reindustrialización de la bahía de Cádiz. El motivo, que no se habían ejecutado los proyectos en el plazo establecido. En el anuncio se daba a los responsables de las compañías, entre los que se encuentra el pobrense Alejandro Dávila Ouviña, un plazo de quince días para presentar alegaciones. Sin embargo, la investigación por el fraude en las subvenciones había comenzado meses antes por la presunta irregularidad en un aval bancario.
Según la información aportada por La Voz de Cádiz, en febrero se detectó una falsedad documental en una operación efectuada con un aval bancario; operación en la que presuntamente estaba implicado Alejando Dávila Ouviña.
Se inició entonces una investigación y las sospechas sobre la comisión de irregularidades se confirmaron en marzo. En abril, la Junta de Andalucía interpuso una denuncia ante la comisión de blanqueo de capitales del Banco de España.
Fue el propio consejero de Economía andaluz el que informó de estos detalles en una comparecencia parlamentaria que tuvo lugar en septiembre.
Estafa documental
De hecho, uno de los delitos que se le imputan al empresario pobrense es blanqueo de capitales, además de los de estafa documental y fraude en la obtención de subvenciones.
Dávila Ouviña participaba en las tres compañías investigadas junto a otras tres personas, Agustín Bobo de Vega, que también fue investigado por una causa abierta en Zamora, María Victoria Barreira y Juan de Arespacochaga. Además, figuraba como administrador único en otras firmas, también radicadas en Cádiz, en las que constaban como apoderados algunos de los otros tres empresarios.
Diversas fuentes sitúan a Alejandro Dávila Ouviña como el presunto cabecilla de la trama. Esta hipótesis se refuerza con el hecho de que, de las ocho personas detenidas en Galicia, solo dos, el propio Dávila Ouviña y un empleado suyo, P.?R.?M., están en prisión.
Alto número de implicados
Sin embargo, en un auto judicial sobre este caso se indica que se decreta el secreto de sumario por el elevado número de personas implicadas y debido a la complejidad del caso, por lo que no se descarta que pudieran producirse nuevos arrestos.
Dado que la Fiscalía de Sevilla, junto con el Banco de España, inició la investigación sobre este caso, el peso de la instrucción recae en la comunidad andaluza. Concretamente en el juzgado de instrucción de Cádiz.
Todo apunta a que serán más personas las que, bajo una condición u otra, deberán pasar a declarar hasta que se esclarezca la trama.