Imagen:El alcalde de Caldas, ayer accediendo al juzgado.

El alcalde de Caldas niega que desobedeciese al juez

Juan Manuel Rey declaró ayer como imputado por la negativa a demoler un edificio en virtud de una sentencia


Pontevedra / La VOZ

El paso ayer de Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, por los juzgados de esta localidad pontevedresa fue fugaz. Y eso que su comparecencia para responder por un posible delito de desobediencia a la resolución judicial que obliga al Concello a derribar parcialmente un edificio ilegal ubicado en la calle Real comenzó con cierto retraso. De hecho, Rey llegó tarde a su cita con el secretario de Estado de Seguridad, con el que firmó un convenio en materia de violencia sexista.

Y tal como entró, salió. Sin detenerse, a paso apresurado y sin contestar a los medios de comunicación. Únicamente se le oyó decir «pregúntale al candidato independiente» cuando se le consultó sobre si veía relación entre su imputación y la proximidad de los comicios municipales del 22 de mayo.

Por su parte, fuentes judiciales precisaron que el regidor municipal de Caldas, que estuvo acompañado por su representante legal, negó haber cometido delito alguno en relación con el polémico inmueble. Así, añadieron que Juan Manuel Rey «no considera que su actitud sea incumplidora» de la resolución judicial.

La Fiscalía

A la vista de estas declaraciones, la fiscala encargada del procedimiento abierto confirmó que «se practicarán nuevas diligencias para la instrucción» de esta causa, al tiempo que confirmó que, en principio, se mantiene la imputación por desobediencia grave a la autoridad. En relación con estas nuevas pruebas, las fuentes consultadas no descartan que se llame a declarar al antecesor de Rey en el cargo.

No en vano, el actual alcalde heredó esta patata caliente de José María Tobío. Fue en febrero del 2002, cuando una sentencia anuló la licencia otorgada a la empresa que ejecutó unas obras en el inmueble de la calle Real. El motivo: haber incumplido la normativa de fondo edificable.

Al parecer, la intención del equipo de gobierno fue la de tratar de legalizar el edificio con el Plan Xeral de Ordenación Municipal. No prosperó.

En noviembre del 2010, los jueces dieron un ultimátum al regidor para que ejecutase la demolición en menos de diez meses, al tiempo que le imponían la obligación de informar mensualmente de los trámites seguidos. A este respecto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas le advierte de que negarse a estos requerimientos podría conllevar un segundo delito de obstrucción a la Justicia.

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