La Xunta impulsa los trámites para legalizar 1.200 naves en suelo rústico

Los dueños tienen 29 meses para regularizar esos locales a cambio de urbanizar el entorno y dotarlo de servicios


santiago/la voz. 21/11/2010 02:00 h

Es otra prueba de la predilección política por desnaturalizar la ley urbanística para dar cobijo normativo a los abusos antes que por aplicarla para frenar los desmanes. El Gobierno gallego está ultimando una instrucción que aclara a los propietarios de 1.200 naves industriales que fueron levantadas sin licencia en 45 concellos, y que ocupan en la mayoría de los casos terrenos que nunca se desarrollaron urbanísticamente o suelo rústico de uso común, el procedimiento para regularizar sus instalaciones. A cambio, esta vía abierta en la cuarta reforma de la Lei do Solo, que entró en vigor en abril, obliga a los dueños de esos locales a sufragar la dotación de los accesos, saneamiento y alumbrado público.

La instrucción que prepara la Secretaría Xeral de Urbanismo responde a las dudas planteadas por los empresarios sobre los trámites para sacar esas naves anteriores al 2003 de la situación de alegalidad en la que están. La regularización de esos asentamientos al margen del planeamiento requerirá, de entrada, que no sean edificaciones aisladas, que no estén integradas en la malla urbana y que el suelo en el que se encuentre la edificación esté ocupado al menos en un 50%. Además, el uso industrial no podrá afectar a terrenos clasificados como suelo rústico de protección, ya sea de costas, de aguas o de espacios naturales, excepto cuando quede acreditada la vinculación de la actividad con su emplazamiento, como en el caso de una cetárea. El procedimiento también establece obligaciones para el concello, que deberá elaborar y tramitar la modificación puntual del planeamiento general.

Al margen de los trámites de la elaboración de planeamiento, y al afectar a suelo rústico, ese proceso precisará un informe preceptivo de la Consello Superior de Urbanismo, y su aprobación definitiva dependerá de un acuerdo del conselleiro de Medio Ambiente o del Consello de la Xunta. Después, habrá que elaborar y tramitar los proyectos de equidistribución y de urbanización del ámbito. Por último, tras redactar los proyectos de obra y actividad, los propietarios de terrenos e instalaciones industriales solicitarán al concello las licencias urbanísticas correspondientes.

Exentos de cesión al Concello

Esta puerta abierta por la Lei do Solo permitirá reducir el plan parcial e incluso, siempre que la Xunta lo crea justificado, las cesiones reglamentarias para zona verde, equipamientos o plazas de aparcamiento. Además, el dueño de las naves quedará eximido de ceder al concello el 10% del aprovechamiento lucrativo, pero tendrá que urbanizar y dotar de servicios el entorno.

La ley abre una moratoria de tres años, en la que los propietarios podrán mantener la actividad de esas instalaciones industriales mientras realizan los trámites y la obras de urbanización y equipamientos necesarias para su «completa regularización». Pero el calendario apremia. Esos 36 meses de plazo arrancaron con la entrada en vigor de la reforma de la Lei do Solo, el 20 de abril, por lo que quedan 29 meses para incluir las naves bajo el paraguas legal. Empresarios de la Costa da Morte, Bergantiños, Caldas, Cuntis y Moaña han consultado ya a Urbanismo sobre los pasos a seguir.

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