La discutida vía abierta para dar cobijo legal a miles de casas edificadas sin permiso antes del 2003 pasa sin pena ni gloria

Por desinterés, por desidia o por desconocimiento. Lo cierto es que el intenso debate político que destapó la inclusión en la primera reforma de la Lei do Solo promovida por el Gobierno de Feijoo de la posibilidad de legalizar viviendas construidas sin licencia y anteriores a esa norma no se ha visto correspondido por un aluvión de solicitudes de los propietarios.

Todo lo contrario. En los seis meses transcurridos desde que entró en vigor la cuarta reforma de la Lei do Solo, y al contrario de las solicitudes de información realizadas por los empresarios sobre las naves en situación alegal, Urbanismo no ha percibido movimiento alguno entre propietarios de viviendas construidas sin permiso y fuera de ordenación para regularizarlas. La controversia que suscitó esa apuesta llevó a la Xunta a evitar poner cifras al alcance de una medida abierta a miles de casas en núcleos rurales. Pero el trabajo de los tres grupos parlamentarios en la ponencia sobre la reforma legal sirvió, tanto en las naves como en las viviendas, para acotar la incidencia de esa regularización, al quedar sujeta a una serie de condiciones y plazos concretos.

En las viviendas edificadas sin licencia, los propietarios disponen de dos años para darles cobijo legal, de los que han consumido la cuarta parte. El procedimiento es, en líneas generales, el mismo que en las instalaciones industriales, pero el dueño tiene que pagar al Concello una tasa equivalente al 10% del aprovechamiento urbanístico. Es lo que se conoce como la repercusión del suelo, y se realiza a través de una tasación. Si se trata de una urbanización, tendrá que afrontar a mayores el coste de los servicios complementarios y equipamientos requeridos para su legalización.

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