Tramitan la denuncia contra la ex jefa provincial de Costas por su chalé de Sanxenxo

La actual jefa de gestión del dominio público asegura que su casa es legal


sanxenxo/la voz. 21/10/2010 02:00 h

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Pontevedra admitió a trámite un recurso interpuesto por un colectivo ecologista contra el chalé ubicado en el litoral de Sanxenxo de la ex jefa provincial de Costas, Cristina Paz-Curbera. La asociación Salvemos Pontevedra sostiene que la vivienda unifamiliar invade los 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Francisco Díaz Sánchez, presidente del colectivo, precisó que el chalé está construido a 75 metros del mar. «Aquí se obvió la legislación para no cumplirla», subrayó el responsable del colectivo Salvemos Pontevedra.

Sin embargo, Cristina Paz-Curbera afirmó que su vivienda cumple con las normas urbanísticas. «Mi casa es completamente legal», señaló la afectada. «Encuentro todo este proceso absurdo», agregó. Paz-Curbera es en la actualidad jefa del servicio de gestión del dominio público marítimo-terrestre.

Francisco Díaz detalló que el recurso interpuesto por la agrupación fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra el 30 de septiembre, querella formulada debido a la la desestimación del recurso de alzada presentado en marzo del 2007 ante la delegada provincial en Pontevedra de la Consellería de Política Territorial.

Deslinde

La titular del juzgado pontevedrés requirió a la Administración autonómica que remita al órgano judicial «el expediente administrativo en el plazo improrrogable de veinte días» en relación con la vivienda, localizada en un acantilado cerca de las playas de A Carabuxeira y Areas y del conocido Mirador de Palacios, un vecindario lujoso encima de la PO-308, carretera que une Sanxenxo con la ciudad de Pontevedra por la costa.

Cristina Paz-Curbera detalló que cuando se construyó el chalé la línea de protección de la costa finalizaba en la PO-308, de titularidad autonómica. «La protección se frenaba en la carretera», señaló la actual responsable de la gestión del dominio público marítimo-terrestre. «Precisamente fue en mi gestión cuando se subió el deslinde» a los 100 metros actuales, recalcó.

Salvemos Pontevedra, sin embargo, pretende que sean los juzgados los que diriman si el chalé es o no ilegal.

En su momento, y a raíz de la denuncia formulada contra la entonces denominada Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, desde el despacho de la ministra de Medio Ambiente se remitió un escrito a Salvemos Pontevedra en el que se detallaba que la licencia de obra de la vivienda la concedió el Concello de Sanxenxo en 1998, autorización que no requirió un informe del Servicio Provincial de Costas «porque [la casa] está totalmente fuera de la servidumbre de protección».

A juicio de Francisco Díaz, la licencia de obra otorgada sí precisaba el informe de Costas. «La edificación está dentro de la zona de servidumbre, y se construyó sin el permiso de Costas», insistió.

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