El Parlamento le da a la Xunta cinco años para que los concellos adapten sus planes generales


santiago/la voz.

Siete años después de la entrada en vigor de la llamada Lei do Solo, solo 44 de los 315 concellos gallegos han adaptado su planeamiento urbanístico a dicha normativa de rango autonómico. Y, como mínimo, transcurrirán otros cinco años con el urbanismo municipal y el autonómico marchando por caminos distintos. Eso es al menos lo que se desprende de un acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos en el Parlamento, en el que se le pide a la Xunta que elabore un plan de impulso del planeamiento municipal con el fin de «incrementar» el número de ayuntamientos con los planes adaptados en el horizonte del año 2015.

El acuerdo, alcanzado a instancias del PP, se refrendó en la Comisión parlamentaria de Ordenación Territorial, donde la portavoz de urbanismo del BNG, Teresa Táboas, mostró discrepancias de fondo con la propuesta, pues los nacionalistas pretendían rebajar en tres años, hasta el 2012, la fecha de referencia para que los concellos dispusieran de normas urbanísticas conformes a la ley autonómica.

Plazos ajustados

El autor de la iniciativa, el popular Román Rodríguez, consideró que la propuesta de Táboas era «imposible de cumplir», habida cuenta de que la tramitación de un plan general supera los dos años. Es decir, que el concello que empiece a tramitarlo ahora o con posterioridad a las elecciones de mayo del 2011, difícilmente puede disponer del PXOM aprobado antes del 2014. En Galicia hay un total de 74 concellos, generalmente los de menor población, que carecen de todo tipo de planeamiento y que ni siquiera han iniciado la tramitación de un PXOM.

La socialista Mar Barcón aprovechó su intervención para poner de relieve las dificultades de algunos concellos para adaptar su normativa urbanística y, en este sentido, criticó que el Gobierno autónomo eliminase las ayudas que había implantadas en la anterior legislatura para asesorar y ayudar a los ayuntamientos a dotarse de planeamiento. De igual modo, Barcón reivindicó la elaboración de una nueva ley del suelo, para lo cual ofreció el consenso del PSOE, propuesta que el Ejecutivo de Feijoo tiene en su agenda.

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