La Xunta ultima la anulación de las oposiciones al Consorcio de Benestar

El Gobierno gallego modificará las bases de una prueba hecha a la medida para 336 empleados temporales


El Gobierno gallego está ultimando la anulación de las oposiciones al Consorcio de Igualdade e Benestar, una convocatoria de empleo público que lanzó la Vicepresidencia de Anxo Quintana en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas para consolidar a 336 trabajadores temporales. El proceso selectivo, confeccionado a la medida de los empleados contratados por el ente -fundamentalmente para galescolas y residencias de mayores-, supuso abrir una nueva vía de acceso a la Administración, diferente a la marcada en la normativa de la función pública, que se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Ni el departamento que lidera Beatriz Mato ni la gerencia del Consorcio han querido confirmar la anulación de las pruebas, pero otras fuentes consultadas han revelado que la Xunta -que está a la espera de recibir las conclusiones de una auditoría de Función Pública- maneja informes jurídicos que concluyen que la oferta lanzada en su día por Anxo Quintana en la víspera electoral conculca los principios más elementales que rigen el acceso al empleo público.

Nuevos criterios

La Xunta mantendrá la oposición, pero anulará las bases con una nueva convocatoria. Los cambios afectarán a los dos procesos promovidos al final de la pasada legislatura. La Vicepresidencia del BNG lanzó el pasado 21 de enero una primera oferta de 271 plazas -176 para galescolas, 85 para centros de mayores y 10 para los servicios centrales del Consorcio- y poco después, a solo once días del inicio de la campaña, sacó otras 65 -45 puestos para el personal de geriatría y 20 para los servicios generales-, lo que motivó duras críticas del PP, de los opositores y de los propios sindicatos.

Ambos procesos selectivos para consolidar puestos en el Consorcio fueron recurridos judicialmente (por Comisiones Obreras) y criticados con dureza por sectores de la CIG vinculados a la Administración autonómica. A diferencia de otras pruebas para acceder a la Xunta, las ofertas lanzadas por Vicepresidencia presentaban varias singularidades que invitaban a pensar que era un proceso diseñado a medida para consolidar el puesto de trabajadores que habían entrado previamente al Consorcio como empleados eventuales mediante una simple entrevista. Por ejemplo, el temario de las pruebas del Consorcio contaba con tan solo 34 temas, la cuarta parte de los que se exigen en otras oposiciones; tampoco se penalizaban las respuestas incorrectas. Pero lo más controvertido de las bases fue el apartado en el que se primaba con diez puntos -la mitad de la oposición-a quienes tenían un año de trabajo en el Consorcio, lo que dio pie a los sindicatos a denunciar que las pruebas eran un traje a medida para colocar a los empleados, algunos de ellos militantes, cargos y simpatizantes del BNG.

Debate en la Cámara

A comienzos de este mes, el actual gerente del Consorcio, Roberto Rodríguez, compareció en el Parlamento para responder a una pregunta del BNG sobre el convenio colectivo. Entonces, el nuevo cargo designado por el Ejecutivo de Feijoo aseguró que el «Consorcio era unha illa segregada e privada, alonxada da Administración e agora é un ente asimilado con criterios das demais Administracións públicas». En la citada comparecencia, el gerente recordó que en las actas levantas por la Inspección de Traballo se constataba que el 20% de las contrataciones de este organismo -unas 200, y que se pretendían consolidar con unas oposiciones a la carta- se efectuaron cometiendo un fraude de ley, es decir, que eran irregulares.

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