El alcalde de Vigo, Abel Caballero, incurrirá en un delito de desobediencia a la Justicia si no ordena la inmediata demolición de la urbanización Colina de Castrelos, más conocida como Piricoto, tal y como ordenó el Tribunal Supremo en diversas ocasiones desde 1994. La advertencia fue remitida a la alcaldía esta misma semana después de que los vecinos de la parroquia de Castrelos que promovieron el pleito reclamasen una vez más la ejecución de la sentencia.
Según ha podido saber este periódico, el Concello vigués ha iniciado un estudio legal del caso para responder al tribunal, intentando exculpar al regidor municipal ahora seriamente advertido por la Administración de Justicia.
El Piricoto acumula ya cerca de media docena de órdenes de derribo tras desestimarse igual número de recursos presentados por los inquilinos del inmueble, que vieron cómo el pasado mes de agosto el Tribunal Supremo reiteraba una vez más en una nueva sentencia la orden de demolición.
Atentado contra el entorno
La decisión del citado tribunal se fundamenta en el hecho de que la licencia concedida en 1991 por el ex alcalde Manuel Soto fue considerada no acorde con el ordenamiento urbanístico al no adaptarse al entorno de una zona protegida por Patrimonio Histórico como es el parque de Castrelos y el pazo Quiñones de León.
Los recursos de casación planteados por los propietarios de los tres bloques que dominan todo el valle de Castrelos nunca fueron estimados judicialmente y tampoco los intentos de legalización que el Ayuntamiento trató de auspiciar a la sombra del nuevo Plan Xeral.
El Supremo reiteró este mismo año que la única manera de cumplir la citada sentencia es «proceder a la demolición total o parcial del inmueble, para lo que la Administración municipal deberá redactar en el plazo de un mes un proyecto de demolición», rezaba el fallo de agosto.
El propio Abel Caballero cifró ya en 40 millones de euros el coste del derribo del edificio autorizado por un alcalde de su mismo partido, sumado a las indemnizaciones que el Ayuntamiento deberá pagar a los inquilinos que compraron una propiedad con licencia municipal pero mal otorgada, según señala la sentencia. Dicho pago podría poner en peligro el equilibro de las arcas del Concello, como aseguró hace unos meses el alcalde.
Los vecinos de Castrelos que interpusieron hace ya más de veinte años el pleito contra el edificio anunciaron ayer que no pararán hasta que desaparezca por completo la polémica construcción.