La Agencia Española de Protección de Datos inició en agosto una investigación sobre la inclusión de ciudadanos de Arousa en las candidaturas del Partido Popular del País Vasco a las municipales del año pasado sin su consentimiento. Siete meses después, el organismo ha decidido iniciar un procedimiento sancionador a la formación que preside Mariano Rajoy.
El director de la agencia, que ha comunicado ya la medida a la sede nacional del PP en la calle Génova, en Madrid, entiende que los conservadores han podido incurrir en una infracción del artículo 6.1 de la Ley de Protección de Datos. El artículo en cuestión señala que «el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa». Considera, además, que «tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente ley» constituye una vulneración grave de la normativa, sancionada con multas de entre 60.000 y 300.000 euros.
La redacción de La Voz en Madrid consultó este asunto con Génova. Fuentes de la sede conservadora explican que la competencia sobre este ámbito corresponde a su comité de garantías, que encabeza Federico Trillo y ayer se encontraba ilocalizable. No obstante, tanto su presidente nacional, Mariano Rajoy, como el máximo responsable de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijoo, se han manifestado en distintas ocasiones acerca de esta polémica. En opinión de ambos dirigentes, el problema se limita a un «error lamentable», rechazando la existencia de responsabilidades políticas.
Protección de Datos, en cambio, introduce una consideración distinta, al abordar las consecuencias de la utilización ilegal de los datos, independientemente de la forma en que fueron conseguidos. Porque la defensa del PP se ha basado, desde el inicio del proceso, en culpar a una trabajadora municipal de O Grove, concello del que parten las denuncias. Esta operaria, aseguran los conservadores, habría falsificado la firma de los supuestos voluntarios y cubierto con sus datos la ficha de consentimiento que necesariamente debe rubricar cualquier persona que pretenda participar como candidato en un proceso electoral. Todo ello, añade el PP, sin que nadie del partido tuviese constancia de lo que estaba sucediendo. Es más, pese a apuntar a la citada funcionaria, tanto los responsables del partido en el municipio arousano como el aparato provincial de Pontevedra niegan tener conocimiento del origen de la documentación electoral falsa.
De hecho, el PP ha sido incapaz de facilitar a la agencia estatal los documentos de aceptación falsificados. El material no figura ni en las sedes populares de Galicia y el País Vasco ni en las juntas electorales afectadas, todas ellas en Vizcaya, disueltas ya hace meses. Parte del mismo sí ha sido remitido al juzgado de instrucción número 1 de Cambados, que investiga el caso.