La decisión de Tallín ha convertido lo que parecía un sueño en algo factible. Aunque muy alejada del sur de Europa, que toda una capital estatal tome una medida de este tipo tiene una enorme relevancia cualitativa. Previamente, el movimiento pro gratuidad del bus público hizo sus pinitos en diferentes localidades francesas.
La pionera fue Compiegne, al norte de París, que la aprobó en 1980 y ha continuado expandiéndola progresivamente al conjunto de su aglomeración desde 2005.
Su ejemplo ha sido seguido por más de una docena de municipios, siendo el más importante Châteauroux, una comunidad de 75.000 habitantes que lo implantó en 2001. Tras un año a prueba lo convirtió en definitivo en 2002.
Uno de los ejemplos más recientes es el de Aubagne, junto con Gap y Noyon, en el sureste de Francia, que lo puso en práctica en el año 2009, que decidió que recaudar el 9 % del costo del servicio por medio de la tarifa carecía de sentido. Ante lo irrisorio del porcentaje consideraron más razonable pagar toda la factura y limpiar el ambiente.
Obviamente, con la gratuidad se producen sobrecostes pero también ahorros. Ya no es necesario emitir billetes ni controlar el acceso a los vehículos.