El fiscal imputa un nuevo delito al exalcalde eumés Belarmino Freire

PONTEDEUME

Los acusados, ayer en el Juzgado de lo Penal 2 de A Coruña.
Los acusados, ayer en el Juzgado de lo Penal 2 de A Coruña. Paco rodríguez< / span>

El juez Taín dejó vista para sentencia ayer la causa contra el exregidor y otros cuatro ediles de su mandato

23 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El exalcalde socialista de Pontedeume, Belarmino Freire Bujía, junto con otros cuatro concejales de su etapa de gobierno -Manuel Rei, Agustín Vilariño, Emilio Salorio y Manuel Allegue- se sentaron ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 2 de A Coruña para responder de dos supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por unas licencias municipales concedidas hace 14 años. Por sorpresa, en el curso de la vista el fiscal modificó sus conclusiones ampliándolas, en el sentido de imputar un nuevo delito al exregidor eumés, en este caso por desobediencia, porque, supuestamente, no atendió la orden que en su día le dio la Xunta de Galicia de paralizar las obras de la vivienda que se estaba construyendo.

El abogado defensor, José Luis Gutiérrez Aranguren, manifestó su protesta ante el magistrado José Antonio Vázquez Taín, argumentando que en el supuesto de que se le condenase por este delito -sería una pena de multa- solicitaría la nulidad por indefensión y que, en cualquier caso, estaría prescrito.

En cuanto a la acusación inicial, el representante del Ministerio Público solicita para los cinco acusados penas de tres años de prisión y 16 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público.

Los hechos que se les atribuyen se refieren a la concesión de una licencia a un particular para la segregación y reagrupación de una serie de fincas en el lugar de Casquido, en la parroquia eumesa de Nogueirosa. Con posterioridad, se le aprobó otra licencia para construir una casa en esos terrenos. Según la acusación pública, dichas licencias son ilegales a todas luces, ya que la vivienda en cuestión está ubicada en una zona de protección costera.

Los acusados declararon ante el juez que actuaron de ese modo porque contaban con informes técnicos y jurídicos favorables y también por el convencimiento de que las normas subsidiarias de Pontedeume permitían construir a cien metros del mar.

Respecto al informe negativo emitido por la nueva secretaria del Concello de Pontedeume sobre la licencia de obras para la vivienda, explicaron que, ante la duda surgida, decidieron consultar el asunto con los servicios jurídicos de la Diputación de A Coruña, que les dieron el visto bueno.

La defensa de los acusados pidió la libre absolución y el juez Vázquez Taín dejó los hechos vistos para sentencia.