El socio privado advierte del «enorme» perjuicio económico a Emafesa y al Concello
08 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Socamex, la división de aguas de Urbaser que ejerce como socio privado en Emafesa, estima en 2,6 millones de euros más IVA lo que ha dejado de cobrar por la suspensión de la aplicación de la tasa de depuración de aguas residuales en 2015. Así lo refleja en el recurso contencioso-administrativo presentado con el que busca que se deje sin efecto la decisión tomada por el pleno ferrolano en septiembre del pasado año.
En su escrito, la representación legal de la empresa contrapone que al cierre del pasado ejercicio, el importe total de gastos en que se incurrió derivados de la gestión, explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración asciende a 2,2 millones de euros, a los que habría que sumar el IVA. Y que la falta de ingresos está ocasionando a la empresa mixta de aguas de Ferrol un desajuste de tesorería que podría derivar en perjuicios ante el riesgo de morosidad o la necesidad de obtener financiación para hacer frente a los pagos, a los que habría que sumar los intereses.
Como primera muestra de estas dificultades apuntan que Emafesa se ha visto obligada a solicitar al Concello el aplazamiento del pago del canon concesional trimestral, por un importe de 316.982 euros, un hecho que denunció el BNG.
Como principal argumento, Socamex esgrime que la tasa es la única forma de cobro y por tanto, el único ingreso que tiene Emafesa de los servicios que presta en la concesión que tiene con el Concello. Y que la imposibilidad de cobro de importe alguno durante la anualidad 2015 «y las siguientes», unida al «estricto cumplimiento de las obligaciones de inversión en las infraestructuras que sigue ejecutando el concesionario», han sumido a la sociedad mixta en una situación económica «muy precaria», con resultados de tesorería «negativa y de difícil solución» y que empeorará, alerta, en la medida en que se mantenga suspendida la tasa.
Urbaser considera que la situación repercutirá también sobre la «propia ciudadanía», que como destinataria de los servicios prestados, señala, se verá en la obligación de soportar los costes derivados de la financiación externa, en el caso de que se consiga.
En su recurso, Socamex carga contra el informe elaborado por el ingeniero municipal el pasado mes de agosto, tras la visita en la que se detectó que la EDAR no depuraba íntegramente las aguas que llegaban. Considera un «error» argumentar que no se da el hecho imponible de la ordenanza fiscal, que la empresa considera que no se reduce a la salida de las aguas residuales de la planta ya depuradas, sino que implica igualmente la realización de «determinados procesos que para ello son necesarios». Y que la depuración completa no depende de la voluntad de Emafesa, al existir «hechos ajenos a la misma que impiden a día de hoy tal finalidad», dijo en alusión a las deficiencias presentes en la estación depuradora de cabo Prioriño .
Considera que el informe se limita a exponer el resultado de una única visita a las instalaciones, realizando «meras manifestaciones de sus impresiones, sin realizar prueba alguna que las ampare» ni considerar aspectos técnicos que contradicen, sostiene, las conclusiones que alcanza, «viciando la validez tanto de dicho informe como de los actos dictados con justificación en el mismo». Y que dichas conclusiones obedecen al «absoluto desconocimiento» o a «haber obviado el contenido de los documentos contractuales que rigen el servicio prestado por Emafesa».
Por todo ello, y ante el «enorme perjuicio causado» a Emafesa, a Socamex, como socio de la misma y al Ayuntamiento de Ferrol, como socio principal, «solo podemos llegar a una conclusión válida»: la suspensión «radical y absoluta -e inmediata-» de la resolución que suspende la aplicación a la ciudadanía de la tasa de depuración de aguas.